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Consulta frecuente. El beneficio de disminución permanente de contribuciones patronales estipulado para microempleadores por la ley 26940, ¿alcanza al personal de casas particulares?

PROMOCIÓN DEL TRABAJO REGISTRADO Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE LABORAL. RÉGIMEN PERMANENTE DE CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA MICROEMPLEADORES. PERSONAL DE CASAS PARTICULARES. ALCANCE

El beneficio de disminución permanente de contribuciones patronales estipulado para microempleadores por la ley 26940, ¿alcanza al personal de casas particulares?
No. De acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la ley 26940, quedan excluidos de este beneficio los trabajadores encuadrados en el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares regulado por la ley 26844.

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Ciudad de Buenos Aires. Registro de peritos auxiliares del Poder Judicial. Convocatoria a inscripción desde el 3/11/2014 al 28/11/2014

Agenda

CIUDAD DE BUENOS AIRES. REGISTRO DE PERITOS AUXILIARES DEL PODER JUDICIAL. CONVOCATORIA A INSCRIPCIÓN DESDE EL 3/11/2014 AL 28/11/2014

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la resolución (CAGyMJ) 66/2014, convoca a los profesionales interesados a inscribirse en el Registro de Peritos Auxiliares de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día 3 de noviembre y hasta el 28 de noviembre de 2014, para que se presenten a tal efecto cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial.

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Esta vez ganó el contribuyente: no hubo ni “defraudación” ni “omisión” porque la AFIP no pudo presentar pruebas

El organismo de recaudación determinó que se habían cumplido los requisitos para imponer la penalidad a una compañía, pero el Tribunal Fiscal lo impidió. ¿Cuáles fueron los argumentos que llevaron a los vocales a dictar la nulidad del acto? Las claves del caso y la opinión de los especialistas.

Por Gonzalo Chicote

A la hora de aplicar una sanción, es muy importante que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aplique las reglas que se establecen en la Ley 11.683 (de Procedimientos Tributarios).

Ocurre que, si los agentes del fisco nacional no siguen con los pasos y requisitos que fija la normativa vigente, corre el riesgo de que los jueces revoquen la multa o clausura impuesta a un contribuyente una vez que llegue a los tribunales.

Así, por ejemplo, el organismo de recaudación deberá demostrar que existe dolo o intención al momento de aplicar una sanción por defraudación (establecida en el artículo 46), aportando las pruebas necesarias.

Es decir, que no bastará simplemente con mencionar alguno de los indicios que enumera la norma (en el artículo 47), sino que tendrá que presentar los documentos que confirmen los hechos.

En este escenario, una reciente causa (Asistencia y Logística SA s/recurso de apelación – Impuesto al Valor Agregado) puso especial énfasis en eso, ya que el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) avaló el pedido de nulidad solicitado por una empresa.

Lo novedoso del fallo es que, si bien ante un reclamo de este estilo la Justicia termina convirtiendo la multa de dolosa en culposa (reduciendo de esta manera el valor de la misma), esta vez los vocales consideraron que se cumplieron los requisitos para declarar la nulidad del acto.

En efecto, entendieron que el organismo de recaudación no especificó cuáles son los elementos que lo llevaron a considerar que las declaraciones juradas contenían cifras inexactas ni los motivos que hicieron catalogar como dolosa la conducta del contribuyente.

Los especialistas consultados por iProfesional coincidieron en que la sentencia fue correcta debido a que los agentes de la AFIP se habían limitado a mencionar aquellos indicios que llevaron a aplicar la penalidad, sin aportar las pruebas para llegar a esa decisión.

Asimismo, consideraron que el fallo es alentador, ya que obligaría al fisco nacional a cumplir con las previsiones establecidas en las normativas vigentes al momento de intentar sancionar a un contribuyente ya que, de no hacerlo, podría perder la posibilidad de imponer una multa.

La causa por dentro
Todo comenzó cuando la AFIP aplicó una multa por defraudación a una empresa, luego de detectar inconsistencias en las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de varios períodos fiscales.

Los agentes del fisco llegaron a esa conclusión luego de llevar adelante un allanamiento donde secuestraron documentación que les sirvió para objetar la imputación de créditos fiscales que -a su juicio- no correspondían.

La compañía aceptó la postura del organismo y presentó las correspondientes declaraciones rectificativas del impuesto. Pese a ello, la autoridad tributaria decidió imponer la sanción por defraudación.

En los argumentos, destacaron que la firma había “consignado cifras inexactas” por lo que no había abonado el gravamen “en su justa medida”. Además, aclararon que esta circunstancia “encuadra prima facie en la previsión del artículo 46 y artículo 47 inciso ‘a’ y ‘b’ de la Ley 11.683″.

Frente a esta situación, la sociedad decidió presentarse ante el TFN para solicitar la nulidad de sanción, alegando que el fisco no probó fehacientemente la presencia de su accionar doloso (algo que es indispensable para imponer la misma).

Asimismo, destacó que en los argumentos de los agentes nunca hicieron referencia a una “declaración engañosa u ocultación maliciosa” sino que se limitaron a afirmar que las declaraciones juradas contenían “cifras inexactas”.

Los miembros del Tribunal Fiscal recordaron que para dictar la nulidad de un acto es necesario que el mismo se haya emitido sin una causa “por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocado”.

Explicaron que en la causa en cuestión, existió una desconexión entre los hechos tenidos en cuenta por la AFIP y las normas aplicadas, debido a que en el sumario no indicaron cuáles son los elementos en los que basaron que las cifras eran inexactas.

También aclararon que el fisco tampoco especificó los montos o elementos que fueron tenidos en cuenta a la hora de arribar a esa decisión. Y mucho menos, que aportó las circunstancias que los llevaron a concluir que la conducta del contribuyente fue dolosa.

Por estos motivos, los vocales del TFN decidieron avalar el pedido realizado por la compañía y convalidaron la nulidad de la sanción por defraudación que había sido impuesta por el organismo de recaudación.

Voces
Consultada por iProfesional, Karina Larrañaga, socia de Orselli & Larrañaga Abogados, remarcó que el fallo fue “conforme a derecho” ya que la AFIP limitó sus argumentos a mencionar uno de los requisitos que menciona la norma sin aportar las pruebas necesarias.

Al respecto, señaló que “el fisco omitió toda referencia a los hechos y circunstancias en que se encuadraría la conducta dolosa del contribuyente y que fundamentaría el ‘ardid o engaño’ idóneo de que habría sido víctima el organismo y provocó el daño en las arcas públicas”.

“Tampoco realizó ninguna mención en relación a los hechos y circunstancias que fundamentan la ‘presunción’ utilizada en el marco del artículo 47 inciso ‘a’ al momento de iniciar el proceso sumarial”, añadió.

Dicho apartado establece que se presume que hubo voluntad de producir un engaño cuando exista una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás con los datos que surjan de las declaraciones juradas o las declaraciones administrativas que realice la AFIP.

La especialista aclaró que “el organismo debió fundamentar su posición, indicando en forma concreta la articulación del ardid y los hechos que demuestra la voluntad e intención del contribuyente”.

“Como bien señala el fallo, se encuentran en juego garantías constitucionales irrenunciables que de forma alguna pueden gozarse si la sociedad desconoce en forma concreta la imputación de la que debe defenderse”, concluyó Larrañaga.

Por su parte, Juan Pablo Scalone, socio del estudio Enrique Scalone & Asociados, sostuvo que “de acuerdo con la doctrina que emana del fallo el fisco debe ser sumamente cuidadoso al señalar en la instrucción de sumario los hechos que configuran la presunta infracción, montos involucrados y las razones por las cuales considera que se ha verificado la intención de defraudar”.

Y esto es así, según el experto, ya que “no alcanzaría con las constancias del expediente para acreditar esas circunstancias”.

Sin pruebas no hay sanción
Los especialistas consultados por este medio, también advirtieron que la sentencia es gratificante debido a que plantea la necesidad de que la AFIP pruebe fehacientemente que existieron motivos para sancionar a los contribuyentes.

Al menos así lo manifestó Mario Buedo, socio del estudio Montero & Asociados, que resaltó que “resulta alentador el fallo” ya que intenta alentar al fisco a aplicar multas por defraudación cumpliendo “con lo previsto por la ley” y dejando la pretensión de hacerlo “sin realizar la obligatoria tarea de probar la conducta dolosa”.

El especialista recordó que “la situación que plantea el fallo es muy común, pero generalmente se resuelve denegando el requerimiento de nulidad del acto y reencuadrando la sanción prevista en el artículo 46 (defraudación) en la del artículo 45 (omisión)”.

En estos casos, según aclaró Buedo, “no se ataca el fondo de la cuestión, que es el incumplimiento por parte del organismo de recaudación de probar la subjetividad de la conducta del contribuyente para aplicar una sanción del tipo defraudatoria”.

También, el experto sostuvo que “es muy común la desconexión entre los hechos probados y el tipo de la sanción elegida por el fisco, haciendo decir muchas veces al artículo 47 lo que no dice, para intentar causar el acto”.

En tanto, la abogada especialista en derecho tributario y aduanero Agustina O’Donnell destacó que “los jueces exigen cada vez en sus sentencias que la AFIP, al emitir sus decisiones, cumpla con los requisitos de fondo y de forma de la Ley de Procedimientos Administrativos, que se aplica en forma supletoria en el procedimiento tributario”.

“Es decir, que exteriorice sus decisiones en verdaderos actos administrativos que para que se presuman legítimos deben reunir los requisitos que dicha norma exige y deben ser notificados en forma fehaciente al contribuyente”, resaltó.

Lo que queda claro, según aportó Buedo, es que de no cumplir con lo establecido en las normas, la AFIP “perderá la oportunidad de sancionar a un contribuyente -aún cuando a su criterio corresponda- por el sólo hecho de no realizar su trabajo ajustado a derecho”.

Fuente: texto e imagen publicados por iProfesional.com (20/10/2014)

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Avanza en el Senado proyecto de ley para otorgar licencias pagas por enfermedad de familiares a cargo

La comisión de Trabajo y Previsión Social emitió dictamen favorable a esta iniciativa, que ya puede ser analizada en el recinto. Qué cambios pretende introducir a la Ley de Contrato de Trabajo y a quienes se aplicará.

Por Sebastian Albornos

358725En la actualidad, el texto vigente de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) no contempla como una licencia paga los casos de enfermedad de hijos menores, ni de familiares a cargo de los empleados.

No obstante, muchos son los convenios colectivos que conceden días por estos conceptos, bajo la responsabilidad de los dependientes de justificar debidamente, ante los respectivos empleadores, los diversos causales.

Esto sucede, por ejemplo, en Comercio, donde los trabajadores no pierden el presentismo ni los premios que les corresponden si cumplen con dicho requisito.

Pero éste no es un criterio uniforme. También existen actividades para las cuales se indica que la compañía debe otorgar los días sin goce de haberes. Esto implica que pierde en ese mes distintos incentivos, por lo que el dependiente sólo terminará cobrando el sueldo básico.

Ahora bien, cuando los asalariados no se encuentran amparados por un acuerdo colectivo -salvo en situaciones excepcionales en las que voluntariamente la empresa acceda a concederles un permiso especial- estos se enfrentan a la disyuntiva de optar entre el sustento y la necesidad de cuidar y atender a sus hijos.

En este contexto, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores avanzará en analizar un proyecto de ley que apunta a modificar lo concerniente a licencias por enfermedad de hijos o padres a cargo de los dependientes (es decir, el artículo 158, incorporando el inciso f).

La referida modificación fue propuesta por la senadora Graciela Di Perna y busca otorgar un marco legal para quienes están fuera de la protección de los convenios colectivos, de modo que puedan acceder a un permiso de este tipo.

De convertirse en ley, las compañías deberán otorgar al empleado que lo solicite hasta dos días corridos, con un máximo de 10 por año calendario para los casos de enfermedad o accidente del cónyuge o de la persona con la cual estuviera unido en aparente matrimonio, o de los hijos o padres a cargo.

Qué dice el proyecto
La iniciativa presentada por la senadora Di Perna incorpora como inciso f del artículo 158 de la LCT (que fija el régimen de licencias especiales) el siguiente texto:
•Por enfermedad o accidente del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unido en aparente matrimonio, en las condiciones establecidas en la presente ley; de hijo o de padres a cargo del trabajador, hasta dos días corridos con un máximo de diez por año calendario. Será aplicable en lo pertinente lo dispuesto por los artículos 209 y 210 de la presente.

“Si bien muchos convenios colectivos de trabajo, hacen referencia a licencias especiales en caso de enfermedad de personas a cargo del trabajador, este tema no está contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo. Es por ello que se considera oportuna la incorporación del inciso f) al artículo 158 de la Ley 20.744″, sostuvo la impulsora.

Esta iniciativa ya había obtenida media sanción del Senado tiempo atrás pero luego perdió estado parlamentario al no ser tratada por la Cámara de Diputados.

En ese momento, Di Perna había señalado que si bien los acuerdos de algunos sectores tienen una acción protectiva con respecto a estas situaciones “los empleados que quedan sin protección son, justamente, los que están fuera del amparo de dichos convenios”.

Consecuencias según expertos
Los abogados de empresas consultados por iProfesional remarcaron la importancia de la mencionada propuesta ya que le dará certidumbre a las relaciones laborales y evitará conflictos en los casos en que el dependiente deba faltar porque tiene a un hijo o un familiar directo a cargo enfermo.

“La posibilidad de conceder o denegar licencias debe estar expresa y categóricamente establecida, ya sea, en la Ley de Contrato de Trabajo como en los distintos convenios colectivos”, indicó Juan Manuel Minghini, socio del estudio Minghini, Alegría & Asociados.

“Parece razonable aumentar las licencias por cuestiones de salud personal o de personas a cargo. Pero el Estado debería subsidiar el pago de esas nuevas licencias. De esta manera, ambas partes de la relación laboral no tendrían objeción ni perjuicio alguno”, remarcó.

Sucede que, en estos casos, además del goce mismo de la licencia, lo importante es el pago del salario y de los distintos incentivos.

“El empleado no debe dejar de percibir aquello que recibe estando en actividad. Es por ello que resulta menester que el Estado compense en forma íntegra las nuevas licencias que se creen”, remarcó el experto.

“Sería conveniente que se tendiera, en materia laboral, a hacer más flexible el plexo normativo ya que las consecuencias que de esto se pueden derivar son realmente disvaliosas”, indicaron desde el Estudio Grispo & Asociados.

En tanto, Héctor Alejandro García, socio del estudio García, Pérez Boaini & Asociados, consideró que “fijar un cupo de días por ley podría ser un avance relativo, porque más ventajoso sería imponer que se trate a través de la negociación colectiva, para que ésta, con su plasticidad y adecuación a la situación de cada empresa y/o actividad, pueda fijar pautas y criterios específicos”.

Para dicho experto, esta problemática “debería ser tutelada, exclusivamente, a través de los acuerdos sindicales, máxime cuando en la Argentina la misma llega a más del 73% de los trabajadores en relación de dependencia del sector formal”.

Por último, recordó que “muchos convenios colectivos decidieron regular y contemplar esta licencia especial no prevista en el orden público, fijando una serie de requisitos entre los que se destaca la necesidad de acreditar no sólo la dolencia sino que el trabajador o trabajadora es el único familiar a cargo del cuidado de ese hijo enfermo”.

Qué pasa en el mientras tanto
“Mientras no haya ley resulta necesario demostrar, dentro de un marco de normalidad -en cuanto a la cantidad de días de ausencia-, que son faltas absolutamente documentadas mediante la entrega al empleador del certificado médico que lo avale, o bien, de la recepción de la carta documento que lo notifique textualmente. Las mismas pueden otorgarse valorando la importancia del caso concreto”, remarcaron desde Grispo & Asociados.

“Es cierto que esta situación, ante el vacío legal existente, trae aparejada la circunstancia de conceder la licencia a cierto empleado y no a otro”, indicaron.

Y advirtieron que, a los fines de evitar reclamos judiciales futuros -atento a que esto no es obligatorio- es recomendable “solicitar la constancia escrita del médico que determine la necesidad del cuidado del menor directamente por sus padres” para estar cubiertos ante posibles demandas por “discriminación”.

Fuente: texto e imagen publicados por iProfesional.com (17/10/2014)

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La UIA no descarta bono de fin de año para trabajadores

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, no descartó la posibilidad de que las empresas otorguen un bono de fin de año a los trabajadores, peso a que el Gobierno dijo que “no están dadas las condiciones”.

“Siempre hay visiones distintas y nosotros no hemos tomado todavía ninguna decisión al respecto. Nos manejamos en función de los reclamos que los sectores plantean que tienen de sus bases, cosa que no ha sucedido hasta el momento”, afirmó el titular de la UIA en declaraciones a radio Continental.

Y agregó: “Siempre hemos tratado de resolver los problemas dando algo, independientemente de la postura Gobierno. Acá hay dos partes en esto: el que da y el que recibe. El Estado puede aconsejar, pero es una cuestión entre las partes”.

Esta mañana, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich afirmó que “no existen razones objetivas” para pagar un plus salarial de fin de año a empleados del sector público y privado.

“No proponemos ni propiciamos ningún tipo de carácter excepcional de esta naturaleza”, dijo el funcionario en su habitual encuentro con los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno.

Señaló demás que “siempre que se llega al último trimestre de cada año en el país se habla de este tema”.

Asimismo, el jefe de Gabinete de Ministros recordó que “las paritarias son libres y el Estado tiene la capacidad de homologar estos acuerdos en el marco de las convenciones colectivas de trabajo, a través de libre negociación entre las partes: empresarios y trabajadores”.

“Las paritarias culminaron y fue un proceso que permitió la libre negociación de partes y con resultados satisfactorios”, añadió.

Para Capitanich, “si uno toma la evolución del Índice de Precios al Consumidor durante el transcurso de este ejercicio anual, hay una recuperación del poder adquisitivo del salario y no un deterioro, y por lo tanto no existen razones objetivas para un mecanismo excepcional tanto para el sector público como privado”.

Por otro lado, Méndez reconoció que prefiere “pleitear” en lugar de dialogar con el Gobierno sobre la reglamentación de la Ley de Abastecimiento, y argumentó que por ese mismo motivo los representantes de la cámaras empresarias no concurrieron ayer a la reunión convocada por el secretario de Comercio, Augusto Costa.

“Nosotros no fuimos porque tenemos una decisión tomada de ir a la justicia, con lo cual, que podamos sentarnos a hablar es un contrasentido”, indicó Méndez a radio Continental.

Así explicó por qué los empresarios estuvieron ausentes en el inicio de las conversaciones para la reglamentación e implementación de leyes de Defensa del Consumidor, al cual sí concurrieron los representantes de los usuarios.

Costa lamentó la ausencia a la convocatoria de los representantes de las cámaras empresariales, al señalar que “acá no están todas las voces representadas porque algunos decidieron hablar por los medios y por la justicia, en lugar de sumarse a las mesas de diálogo”.

“Si por un lado quiero pleitear, como el único camino que ha quedado, ya que el Gobierno ya la aprobó rápidamente (la ley), no vi una necesidad de ir a un reunión para hablar de este tema específicamente”, indicó por su parte el titular de la UIA.

Señaló que los empresarios intentaron “por todos los medios” fijar su postura respecto de la Ley de Abastecimiento, pero sostuvo que como perdieron “la pulseada, ya está, a dar vuelta la página”.

Fuente: texto publicado por Ámbito Financiero (17/10/2014)

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Consulta frecuente. ¿Cuál es la alícuota con la cual se grava en el impuesto al valor agregado la venta de diarios por parte de un distribuidor cuando la editorial le factura a la alícuota reducida del 2,5% según la ley 26892? Los distribuidores de diarios, revistas y publicaciones periódicas, al facturar, ¿deben trasladar la alícuota que les facturó la editorial o facturar todo al 10,50%?

IVA. ALÍCUOTA REDUCIDA PARA DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

¿Cuál es la alícuota con la cual se grava en el impuesto al valor agregado la venta de diarios por parte de un distribuidor cuando la editorial le factura a la alícuota reducida del 2,5% según la ley 26892? Los distribuidores de diarios, revistas y publicaciones periódicas, al facturar, ¿deben trasladar la alícuota que les facturó la editorial o facturar todo al 10,50%?
La alícuota reducida aplicable según la ley 26982 corresponde a toda la cadena de comercialización, en función de la alícuota que se define por la situación particular del propio editor, por lo tanto incluye también a los distribuidores de diarios y publicaciones periódicas -art. 28.1 de la ley del gravamen-.

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Ahora la AFIP intima a los monotributistas que bajaron de categoría

El régimen vigente establece que los pequeños contribuyentes que descienden en la escala igualmente deberán seguir informando otros seis cuatrimestres los datos referidos a la energía eléctrica consumida y los alquileres cancelados.

Por Hernán Gilardo

396643Durante el mes pasado, los monotributistas que facturan más de $12.000 al mes tuvieron que presentar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un detalle de la energía eléctrica consumida y los alquileres cancelados entre mayo y agosto de este año.

Una vez procesados los datos, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray comenzó a intimar a los pequeños contribuyentes que bajaron de las categorías más altas del Monotributo. De esta manera, las intimaciones complementan un castigo considerado como “excesivo” por algunos expertos consultados por iProfesional.

En efecto, el marco legal vigente establece que quienes reduzcan su facturación a menos de $144.000 anuales ($12.000 mensuales) igualmente deberán seguir informando durante dos años más los datos referidos a la energía utilizada y a rentas pagadas durante tal período.

En este sentido, el consultor tributario Marcelo Domínguez explicó a este medio que, a través de este mecanismo, “la AFIP busca evitar que los monotributistas de las escalas más altas evadan la obligación bajando de categoría”.

A fin de explicar el alcance de la herramienta, el experto precisó que “el régimen de información electrónica de ingresos y gastos le permite al fisco nacional evaluar la permanencia en el Monotributo de quienes están en las categorías más altas”.

“La solicitud de información sistemática de las operaciones con los principales clientes y proveedores, y el requerimiento de datos sobre el alquiler del local comercial o del vehículo de transporte, le permite a la AFIP efectuar cruces informáticos entre ingresos y gastos de los distintos contribuyentes”, precisó.

“Ello así, a los efectos de evaluar si un monotributista puede permanecer en el régimen, o bien, si debe inscribirse en el IVA y en Ganancias por haber excedido los parámetros del régimen simplificado”, advirtió el experto.

El régimen por dentro
El régimen de información mencionado, obliga a los monotributistas a informar cada cuatro meses, entre otros datos:
•El total de ventas del cuatrimestre, con indicación de las facturas emitidas durante ese lapso.
•Los montos de las compras efectuadas, con la identificación de los cinco principales proveedores y de los cinco clientes más importantes.
•Si son propietarios o inquilinos del local explotado.
•La CUIT del propietario, vigencia del contrato de locación y monto de los alquileres devengados, de corresponder.
•La energía consumida, CUIT del sujeto a cuyo nombre se emite la factura e identificación de la empresa proveedora de energía eléctrica.

La presentación de la información se efectua mediante transferencia electrónica de datos, a través del sitio web de la AFIP, ingresando al servicio “Sistema Registral”, opción “Declaración de Monotributo Informativa”.

Excluidos
La avanzada se complementa con el mayor castigo posible: la exclusión del Monotributo. La exclusión opera de pleno derecho y apunta a detectar en forma temprana maniobras de evasión y elusión.

Como primer paso, para iniciar la exclusión la AFIP debe constatar alguna de las siguientes situaciones:
•Adquieran bienes o realicen gastos, de índole personal, por un importe equivalente o mayor al monto de los ingresos brutos anuales máximos admitidos para la categoría en la que estén registrados.
•Registren depósitos bancarios, debidamente depurados, por un importe igual o superior al monto de los ingresos brutos anuales máximos permitidos para la categoría en la cual estén encuadrados.

Una vez constatada la condición, el fisco nacional pone en conocimiento del contribuyente adherido la exclusión de pleno derecho del régimen.

Asimismo, si el sujeto dado de baja es socio de una sociedad de hecho o comercial irregular, la misma resultará extensiva a la referida compañía.

La nómina de sujetos excluidos es publicada en el sitio web de la AFIP y en el Boletín Oficial, consignándose los datos referidos a “denominación del contribuyente” y “número de CUIT” correspondiente.

Además, la exclusión queda reflejada en la “Constancia de Inscripción” del contribuyente en el sistema registral correspondiente.

A su vez, el monotributista excluido de pleno derecho del régimen, puede consultar los motivos y elementos de juicio que acreditan el acaecimiento de la causal respectiva. Para ello, deberá acceder al servicio “Monotributo – Exclusión de Pleno Derecho”, en el sitio web de la AFIP.

En efecto, la exclusión de pleno derecho puede ser apelada dentro de los 15 días de la publicación de la exclusión en el Boletín Oficial.

El recurso de apelación debe presentarse ante la AFIP mediante transferencia electrónica de datos accediendo al servicio “Monotributo – Exclusión de Pleno Derecho”, opción “Presentación de Apelación”, del sitio web del organismo de recaudación.

Como constancia de la transmisión efectuada, el sistema emite un acuse de recibo y le asigna un número de solicitud, considerándose admitido formalmente el recurso.

De comprobarse errores, inconsistencias o archivos defectuosos, la presentación es rechazada automáticamente, generándose una constancia de tal situación.

Luego, el fisco evalúa la situación del contribuyente en base a los datos suministrados, pudiendo requerir documentación o datos adicionales a fin de resolver el recurso interpuesto.

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