201404.09
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Gremio por gremio, quiénes adhieren al paro nacional y cuáles ya acordaron un aumento salarial en las negociaciones

En la cuenta regresiva, las centrales de Moyano y Barrionuevo sumaron nuevos sectores a la huelga general que realizarán el jueves por reclamos laborales y que afectará actividades clave. El plan “anti paro” del Gobierno y la marcha de las paritarias

IprofesionalLa convocatoria al paro nacional de este jueves sigue creciendo y en los últimos días se sumaron más gremios a la lista de organizaciones que apuntan a paralizar la actividad económica del país, en reclamo por la pérdida de poder adquisitivo, paritarias “libres”, un aumento de emergencia para los jubilados, la actualización del Impuesto a las Ganancias y las asignaciones familiares, entre otros puntos.

La CGT liderada por Hugo Moyano y la central encabezada por Luis Barrionuevo entraron así en la cuenta regresiva para llevar adelante la segunda huelga general contra el kirchnerismo, que afectará cajeros, colectivos, trenes, líneas del subte, puertos, recolección de residuos y estaciones de servicio.

Entre otros sectores, el sindicalismo disidente contará con el apoyo de los choferes de colectivo, los conductores de trenes y la CTA que responde a Pablo Micheli. En las últimas horas recibió también el respaldo de la izquierda que, además de participar con sus comisiones internas, anunció un plan de movilizaciones y más de 50 piquetes que cortarán el acceso a la Capital Federal para darle un carácter “activo” al paro.

Moyano responsabilizó este martes al gobierno nacional por eventuales incidentes durante el paro nacional que se realizará el próximo jueves, mientras que desde la Casa Rosada aclararon que se respetará “el pleno ejercicio del derecho de huelga”.

“Nosotros no vamos a producir ningún incidente”, prometió Moyano, aunque luego denunció: “El Gobierno, por todos los medios, no solamente está tratando de debilitar el paro sino de desvirtuar la jornada de protesta y esto es lo que tenemos que tener cuidado. Yo le desconfío más al Gobierno que a cualquier otro sector de la sociedad”.

Espantado por la dimensión que tomó la convocatoria, el Gobierno profundizó esta semana su campaña contra la protesta, a la que tachó de “política”, y redobló sus esfuerzos por minimizar el impacto que tendrá en varios sectores clave de la economía.

“El comercio va a funcionar normalmente, los bancos van a funcionar normalmente, los hospitales van a funcionar normalmente. Conclusión: esto se ha convertido en un paro de transporte”, dijo el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

El jefe de la cartera laboral se sumó de esta manera a la fila de funcionarios, empresarios y sindicalistas allegados que salieron a cuestionar la huelga y a ratificar su apoyo al “modelo”.

Como parte de su estrategia para desactivar el conflicto, la Rosada presionó al tope a los gremios aliados y logró que esta semana cerraran sus paritarias los bancarios y los empleados mercantiles, luego de que la semana pasada hicieran lo propio los metalúrgicos y los albañiles de la construcción.

En tanto, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, amenazó con quitarle subsidios a las empresas que no garanticen el transporte público.

“Si hay paro en el sistema público se descontará el subsidio a todos los transportes en virtud de la no prestación del servicio”, afirmó el funcionario en su habitual conferencia de prensa.

El impacto de la huelga
A diferencia del primer paro, lanzado el 20 de noviembre de 2012, los gremialistas alejados de la Casa Rosada contarán esta vez con la Unión Tranviaria Argentina (UTA) liderado por Roberto Fernández, que engloba a los choferes de corta, media y larga distancia, y el de los maquinistas de trenes, afiliados a La Fraternidad de Omar Maturano. Un poder de fuego que, además, tiene un mensaje político: ambos sindicatos pertenecen a la CGT oficialista del metalúrgico.

Además, tendrá el apoyo de la izquierda: ya confirmaron su participación la seccional Haedo de la Unión Ferroviaria, liderada por Rubén “Pollo” Sobrero, las comisiones internas de Kraft, Fate, Pepsico Snacks, Procter and Gamble, Alicorp, Donnelley, WordCollor, Coca Cola FEMSA, LAN, el Sindicato de la Industria de la Construcción (Sitraic), las cooperativas de trabajo y los movimientos de desocupados.

Se descarta, por supuesto, el parate habitual que genera la huelga de Camioneros. No habrá recolección de basura, ni transporte de caudales. Tampoco trabajarán los empleados judiciales, aliados de Moyano.

Pero el peso de esta nueva protesta de Moyano no termina ahí. El subte no funcionará normalmente en todos sus ramales. Los metrodelegados de la línea B dirigidos por Claudio Dellacarbonara, adherirán a la medida de fuerza. El resto aún no se sabe qué harán, pero son más cercanos al kirchnerismo y no tienen esta huelga como una de sus prioridades.

“Aunque Moyano y Barrionuevo no tomaron ninguna medida seria para garantizar el paro del 10, Tomada se va a llevar una sorpresa, porque hay una nueva situación en la clase trabajadora que ve que le están esquilmando su salario, y este ajuste que impulsa el gobierno no va a pasar así nomás”, declaró Dellecarbonara.

Además, Carlos Acuña, titular del gremio de los estacioneros, es la mano derecha de Barrionuevo y puede poner en jaque el suministro de combustible, complicando a los que ese día elijan trasladarse con sus autos, que podrían ser más que los que circulan habitualmente, ante la falta de trenes y colectivos.

También se complicará el transporte por agua y aire. El moyanista Ricardo Cirielli, secretario general del APTA, que nuclea a los técnicos aeronáuticos, puede poner en jaque los vuelos que operen ese jueves 10 de abril, junto con los pilotos de APLA que dirige Pérez Tamayo, mientras que en el sector portuario, la correa de transmisión del paro quedará a cargo de Juan Carlos Schmid, líder del gremio de Dragado y Balizamiento y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT de Moyano.

Por otro lado, no se puede descartar el apoyo de los petroleros ubicados en las provincias patagónicas, que ahora controla el senador por el Movimiento Popular Neuquino, Guillermo Pereyra, vicepresidente de la central moyanista. Es que el massista Alberto Roberti-cuya federación está en la CGT oficial- perdió el control de las regionales más importantes (Río Negro y Neuquén), y de la formación Vaca Muerta, y ahora sólo le quedaron los distritos con menor peso en esa actividad como Salta, Jujuy y la provincia de Buenos Aires.

Y se suma la paralización en las escuelas, hospitales públicos y municipios de Capital Federal y otras regiones que nuclea la izquierda y la CTA de Micheli en todo el país, cuyo principal gremio es el de los estatales de ATE.

Con estos apoyos, el paro convocado por Moyano y Barrionuevo afectarán a:

• Transporte aéreo
• Recolección de residuos
• Colectivos
• Subte
• Trenes
• Combustible
• Hospitales públicos
• Bancos
• Educación
• Puertos
• Municipales de la ciudad de Buenos Aires
• Panaderías
• Kioscos de diarios y revistas
• Poder Judicial

Plan “antiparo”
En las últimas dos semanas, algunos de los principales gremios cerraron velozmente sus paritarias con aumentos salariales inferiores al 30%.

Bajo la presión del Gobierno, los acuerdos apuntan así a reforzar la pauta oficial y desactivar el paro impulsado por Moyano y Barrionuevo, cuyos gremios reclaman subas superiores al 35%.

Al respecto, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, explicó este martes que el cierre de “paritarias importantes” en las últimas jornadas es un signo de “la consolidación de las negociaciones colectivas” pese a los pronósticos adversos vertidos desde los medios de comunicación.

El titular de la cartera laboral, volvió a negar que el gobierno nacional ponga topes a las negociaciones y aseguró que esas versiones son parte de “una construcción mediática” que se ha reiterado desde 2003.

Según estimaciones oficiales informadas por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, este año habrá más de 1.600 negociaciones paritarias, habiéndose cerrado ya algunas de las más importantes por cantidad de trabajadores implicados.

Entre los de peso, el primer acuerdo fue alcanzado el 28 de marzo entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresarias del sector, que negociaron un aumento salarial anual del 29 por ciento en dos tramos. Los trabajadores metalúrgicos, liderados por Antonio Caló, consiguieron una mejora del 15 por ciento desde el 1 de abril y otro 10 por ciento acumulativo a partir del 1 de julio próximo, lo que al final de la segunda etapa conformará un salario garantizado de 6.400 pesos (brutos) entre básicos y adicionales, exceptuando horas extras. El convenio metalúrgico involucra a 56 mil empresas y a más de 270 mil empleados.

El 31 de marzo se consiguieron acuerdos en otras dos actividades de importancia, ya que se suscribieron los arreglos para los docentes nacionales y para los trabajadores de la construcción.

  • La Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y la Cámara de empresarios acordaron un aumento salarial del 29,6 por ciento en dos tramos. Los trabajadores consiguieron un 15 por ciento de mejora desde el 1 de abril y otro 10 por ciento acumulativo desde julio, que se calcula sobre una base que incluye sumas no remunerativas del año pasado. El titular de la Uocra, Gerardo Martínez, señaló en esa oportunidad que “se logró un acuerdo que tuvo en cuenta el nivel de actividad, lo que es muy importante, ya que en esta tarea no existe la estabilidad laboral, por lo que se apuesta a la estabilidad económica y a recuperar el nivel adquisitivo”.
  • En la misma jornada en que los metalúrgicos sellaron su acuerdo, también lo hicieron el gobierno nacional y los cinco gremios docentes con representación nacional, cuando se fijó un piso salarial de 4.400 pesos a partir de agosto para los maestros de todo el país. El ministro de Educación, Alberto Sileoni, destacó el entendimiento ya que se venía “de dos desencuentros con los sindicatos en años anteriores y se ha llegado a un 27 por ciento en dos meses”. El incremento fijado por la paritaria nacional es del 27 por ciento en dos tramos, un 17% en marzo y un 10% en agosto, lo que totaliza un salario inicial del 4.400 pesos.
  • El lunes se cerró el acuerdo entre la Federación de Empleados de Comercio y las cámaras empresarias del sector que negociaron un aumento salarial del 29% (17 por ciento desde el 1 de abril y de otro 10 por ciento a partir del 1 de septiembre, no acumulativo), más dos sumas fijas de 1.200 pesos. El acuerdo contempló que esas sumas fijas no remunerativas sean abonadas el 1 de julio y el 1 de noviembre y beneficiará, durante un año, a un millón de trabajadores mercantiles de todo el país. Al respecto, el dirigente sindical Armando Cavalieri confirmó que el acuerdo salarial permitirá que un empleado de comercio perciba desde esa fecha 8.451 pesos (brutos). “Se ganó un mes, porque la paritaria mercantil debía regir a partir de mayo próximo”, puntualizó.
  • Por último, este mediodía la Asociación Bancaria (AB) y las cuatro cámaras empresarias de la actividad acordaron un aumento del 29 por ciento en una sola cuota a partir del primero de marzo sobre las remuneraciones habituales percibidas, informaron fuentes gremiales y oficiales. El acuerdo, que tendrá vigencia por un año, contempla además el pago de adicionales, sumas fijas (5.000 pesos por el día del bancario), y diversos plus, como los casi 2.000 pesos en concepto de guardería y otros ítems como para los trabajadores de la zona desfavorable patagónica.

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo encarará en las próximas jornadas el inicio o la continuidad de negociaciones de distinto calibre, entre ellas, la de los estatales de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), según informó Télam.

Por último, Capitanich volvió a reiterar que el Gobierno trabaja “con mucho énfasis en el resto de las instituciones, con el objetivo de generar el marco regulatorio y las condiciones para que definitivamente los trabajadores y los empresarios, en paritarias libres, se pongan de acuerdo”.

Fuente: texto y foto publicados por iProfesional (09/04/2014)