201406.06
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Evaluarán el patrimonio de los que pidan la jubilación sin aportes

Se buscará evitar que, como ocurrió en los últimos años, se den beneficios a quienes no los necesitan; las cuotas de la moratoria se actualizarán cada seis meses.

Por Silvia Stang

Para permitir el acceso a la moratoria previsional, la Anses analizará la situación de ingresos y tenencia de bienes de quienes se presenten, utilizando datos que tiene en sus sistemas y también información de otros organismos, como la AFIP. Así, la extensión del plan para poder jubilarse con pocos aportes, o directamente sin haber aportado nunca, se propone evitar inequidades como las que generó su instrumentación en los últimos años . De hecho, fue un aspecto cuestionable que se les diera el beneficio de una jubilación sin contribuciones previas a personas de un nivel socioeconómico tal que resultaba injustificable usar recursos del Estado. O que no se discriminaran las razones por las que una persona no había aportado.

El plan anunciado anteayer por la presidenta Cristina Kirchner deberá ser aprobado por el Congreso.

La iniciativa prevé que, en los planes de facilidades de pago, puedan declararse deudas por aportes no pagados hasta 2003. Hasta ahora, ese límite se ubicaba en el año 1993, lo cual respondía a una razón: el plan lanzado en 2005 implicó poner en marcha un mecanismo previsto en una ley aprobada a mediados de los 90, que establecía aquel tope.

El efecto de tal limitación temporal fue que se diferenciaron derechos entre ciudadanos sólo por razones de edad. Quienes cumplieron la edad jubilatoria en los años más recientes y no tenían aportes sólo pudieron acceder al plan si antes saldaban, en efectivo y con valor actualizado, la deuda por los períodos posteriores a septiembre de 1993 que les hacían falta para poder jubilarse. Con el paso de los años, ese requisito se encareció progresivamente.

Para las personas que accedieron en esas condiciones (con pago previo en efectivo) quedará una desigualdad respecto de quienes se jubilaron en los primeros años de moratoria y de quienes se jubilen con la nueva ley.

El régimen de pago de la deuda no exige que la persona esté previamente inscripta como aportante de la seguridad social. Por eso, quien no lo está, debe dar un primer paso solicitando su Cuil en la AFIP. Y, luego, declarar deudas según los años de aportes que necesite para jubilarse, un trámite que, según dijeron en la Anses, lo harán empleados de ese organismo.

El acceso a una jubilación requiere contar con 30 años de aportes. A la vez, se exige una edad mínima de 60 años para las mujeres y de 65 años para los varones. Según una presentación que hicieron ayer el director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, una vez aprobada la ley, la moratoria tendrá una vigencia de dos años. Por eso, podrán acceder al plan quienes ya tengan la edad requerida ahora o quienes la cumplan en ese período.

No será impedimento para acceder estar cobrando otra prestación previsional, siempre que el monto no supere el haber mínimo, hoy de $ 2757. Así, una pensionada con la mínima podría adherir al plan.

Las condiciones actuales de la moratoria prevén planes de pago de hasta 60 cuotas, que se descuentan del haber mensual una vez que éste comienza a ser percibido. El monto adeudado se calcula al valor histórico de los aportes y eso es lo que lo hace accesible.

Una novedad que surgió de los anuncios es que, en lugar de mantenerse siempre igual (como hasta ahora), en adelante las cuotas se irán actualizando según el índice de movilidad jubilatoria. Es el usado para actualizar las jubilaciones y pensiones, los aportes de los autónomos y el tope de ingresos para el cálculo del descuento salarial con destino al sistema. Según la Presidenta, eso “garantizará la sustentabilidad del sistema”. Sin embargo, la propia lógica del sistema (para el fisco el saldo es siempre negativo, con una salida neta de dinero) hace que no exista tal sustentabilidad. Kicillof lo puso en números: expresó que el impacto fiscal será de $ 12.000 millones, según un cálculo basado en la expectativa oficial de que se beneficien 473.814 personas. El costo, claro, será más elevado para los próximos gobiernos, ya que una vez saldadas todas las cuotas, se deberán pagar los beneficios en forma completa.

Fuente: texto y foto publicados por La Nación (6/6/2014)