201407.04
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Conflictos en puerta: advierten que el “Veraz Laboral” que ha puesto en marcha el Gobierno es inconstitucional

Si bien cuando apenas se dio a conocer la iniciativa, el polémico “Veraz Laboral” impulsado desde el Gobierno nacional sólo apuntaba a castigar a las empresas con sentencia firme en materia de evasión de cargas sociales -entre otras irregularidades-, expertos advierten a iProfesional que el polémico listado que ya se encuentra en plena vigencia es inconstitucional.

Por Hernán Gilardo

Esto es así, debido a que también se aplica a los empleadores con causas en estado de discusión administrativa o judicial y que aún pueden tener recursos de defensa pendientes.

Desde el Ejecutivo nacional sostienen que la flamante herramienta apunta a castigar la existencia de operarios en negro tanto en lo referido a las contribuciones patronales como los aportes a la Seguridad Social y la obstaculización a las inspecciones oficiales.

También -según precisaron desde el kirchnerismo- se suman al listado las sanciones por trabajo infantil y los aportados por el Registro Nacional de Trabajadores Agrarios (Renatea).

El tema no es menor ya que entre las penalidades que rigen para los que estén dentro del nuevo “Veraz Laboral” figuran la suspensión o directamente la eliminación de todos los subsidios financiados por el Estado nacional, incluyendo los de las empresas de servicios públicos privatizados (luz, agua, gas y transporte).

También se les impide el acceso a créditos del Banco Nación, el BICE o cualquier institución bancaria pública, así como no pueden ser proveedores del sector público o participar de licitaciones u obras públicas, ni licencias de servicios públicos.

Asimismo, en el caso de los monotributistas, los pequeños contribuyentes a los que se les detecten operarios registrados de manera irregular serán eliminados del régimen para pasar a ser contribuyentes anotados en el sistema de autónomos, con lo que la presión tributaria se multiplicará.

Un Veraz inconstitucional
Daniel Pérez, consultor previsional e impositivo y titular del estudio que lleva su nombre, explicó que “bajo el ampuloso nombre de Registro Público de Empleadores con Sanciones laborales (Repsal) se implantó un registro que tiene como objetivo la publicación de los datos de los empleadores que resulten sancionados por ilícitos formales o sustantivos de algunas leyes de Seguridad Social, laborales, de trabajo de menores y adolescentes y de trata de personas”.

“El problema más grave es que el mecanismo no sólo está destinado a la publicación de sanciones firmes. También están incluidas las sanciones no firmes; o sea aquellas que se encuentran en estado de discusión administrativa o judicial; y que pueden tener recursos de defensa pendientes de ser articulados”, explicó.

“En términos concretos, lo que pretende este mecanismo es que los empleadores regularicen su situación, reconociendo y pagando la sanción para poder ser sacados de este verdadero Veraz Sancionatorio”, aseguró el experto quien calificó a la avanzada como “una medida realmente reñida con los más elementales derechos y garantías de rango constitucional”.

Blanquear hacia adelante
La inconstitucionalidad del “Veraz Laboral” se suma a otras falencias del texto normativo ya vigente que fueron adelantadas por este medio.

Puntualmente, el abogado laboralista Julián de Diego alertó sobre tres “olvidos” que son más que significativos. “En primer lugar, el texto no contiene ningún régimen que permita la condonación de deudas del pasado”, aseguró.

Asimismo, advirtió que “tampoco tiene un mecanismo que frene los juicios de los empleados a futuro”.

Esto es así, ya que luego de que los empresarios blanqueen a los dependientes, éstos pueden iniciarle juicio por los años que estuvieron trabajando de manera irregular, ya que la iniciativa no prevé nada que lo impida.

“Si no establecés un mecanismo que lo evite, al día siguiente de ser ‘blanqueados’, los empleados le pueden entablar una demanda al empleador por la antigüedad que no figura en el libro”, remarcó de Diego.

Por último, el experto afirmó que “tampoco existe un mecanismo que exima de la responsabilidad penal por el delito de evasión a los empleadores”.

“Por lo tanto, las empresas que decidan formalizar a los empleados bajo el régimen que ya está en plena vigencia se encontrarán expuestas a juicios que provendrán de dos frentes: por un lado los organismos estatales (AFIP y Ministerio de Trabajo) y, por el otro, los empleados que acaban de ser formalizados”, concluyó de Diego.

En la misma dirección, Juan Carlos Cerutti, miembro del Estudio Cerutti – Darago – Lupi & Asociados, adelantó que “el dar de alta a los empleados sin reflejar la realidad de la relación habida, no es blanquear personal, por lo que la empresa quedará expuesta a reclamos laborales tanto del empleado como de los organismos de control”.

Al respecto, vale tener presente que el costo actual de blanquear personal, es -aproximadamente- el equivalente a la totalidad de los aportes y contribuciones omitidos multiplicados por dos más la tasa activa, por lo que es prácticamente un salario por cada mes que no se lo tuvo correctamente registrado, resultando altamente onerosa tal posibilidad.

“El régimen carece de un período que habilite a las pequeñas empresas a que registren (blanqueen) correctamente a sus empleados, por lo que, sin esta posibilidad, no vemos que vaya a tener el éxito deseado, ya que continúa siendo muy oneroso hacerlo con los dependientes que se encuentren mal expuestos”, agregó Cerutti.

Además, aseguró que “deberían agregar la posibilidad de blanqueo sin costos y durante un período pequeño de tiempo para que las compañías se pongan al día, den de alta correctamente a sus trabajadores que se encuentran actualmente en negro y empezar de cero, es decir, reflejando en los recibos la real fecha de ingreso y el real salario. Así estarían realizando los aportes y contribuciones, con lo cual la caja se agrandaría y se incluiría en el sistema a muchísimos trabajadores”.

“Si la finalidad del nuevo régimen vigente es la inclusión y no el cobro de multas, restaría una simple y efectiva forma de blanquear personal actual, de modo tal que estén dadas todas las condiciones para que las pequeñas empresas puedan entrar en el sistema en forma plena y agrandar con ello el universo de trabajadores protegidos por las leyes y la cantidad de aportantes a la Seguridad Social, obras sociales y sindicatos”, concluyó Cerutti.

Fuente: texto e imagen publicados por iProfesional.com (4/7/2014)