En el 20º Congreso Nacional de Salta, se firmó una nota para solicitar el fin de la norma que prohíbe a organismos públicos recibir balances ajustados.
La imposibilidad de aplicar el ajuste por inflación contable e impositivo a los estados contables fue uno de los temas centrales del 20º Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas, que se desarrolló los últimos días de octubre en la ciudad de Salta.
Aunque el encuentro, que congregó a unos dos mil profesionales de todo el país, trató distintas disciplinas y temáticas, la elaboración de balances en moneda homogénea concentró la atención.
Tanto fue así que los 24 presidentes de los Consejos de todo el país y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) firmaron un documento que solicita al Gobierno nacional la derogación del Decreto 664 de 2003.
Es la norma que prohíbe a los organismos públicos (entre ellos la AFIP, la Comisión Nacional de Valores –CNV-, el Banco Central, la Inspección de Sociedades Jurídicas y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social –INAES) receptar estados contables ajustados por inflación.
La intención era presentarle la solicitud al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich (quien había comprometido su presencia pero tuvo que cubrir una urgencia), pero al no concurrir le será entregada esta semana al Ministerio de Economía, según explicó el presidente de FACPCE, Dr. Ramón Vicente Nicastro en el discurso de cierre del Congreso.
Uno de los argumentos es que el decreto 664 es claramente contrario al último párrafo del artículo 62 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 (aún vigente) que expresa: “Los estados contables correspondientes a ejercicios completos o períodos intermedios dentro de un mismo ejercicio, deberán confeccionarse en moneda constante.”
Todos los profesionales, tanto de las áreas Tributaria, Contabilidad y Auditoría, coinciden en que es imposible continuar con la situación actual de elaboración de estados contables a valores históricos, ya que con la inflación actual estos no representan fielmente la realidad económica de los entes.
Muchos piden que la profesión emita normas que permitan el ajuste de los balances. Sin embargo, los dirigentes profesionales sostienen que si se obliga a los profesionales a elaborar balances en moneda constante se les generará un problema ya que esta información no será admitida por los organismos públicos. Es por eso que el punto de la partida es la derogación de la prohibición incluida en el decreto.
Por ahora, las normas de FACPCE disponen que habrá que ajustar por inflación los balances cuando la suba de precios supere el 100% acumulado en los últimos tres ejercicios. Este parámetro, tomado de las normas internacionales (y que aún no se ha superado), está pensado para escenarios de altísima inflación pero no de una suba menor –aunque igualmente problemática- como la de Argentina.
En el 20º Congreso se realizó una encuesta entre los profesionales para conocer su opinión sobre el impacto en la cuestión contable y de auditoría.
En este marco, el Dr. Jorge Gil, director general del Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría (CENCyA) de FACPCE, destacó que la profesión debe trabajar a nivel internacional para que el ajuste se realice antes de llegar al 100% de inflación en tres años y a nivel local para buscar derogar el Decreto 664/2003.
Fuente: texto publicado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba (4/11/2014)