Como todos recordamos, el ajuste por inflación impositivo, si bien no estaba derogado, no resultó de aplicación desde la ley de convertibilidad hasta la reforma impositiva dispuesta por la ley 27430 (BO: 29/12/2017), en virtud de que el coeficiente a utilizar resultaba igual a 1 -L. 24073, art. 39-.
Recordemos que en el impuesto sobre los bienes personales, ley 23966, período 2019, a través de la escala del decreto reglamentario 99/2019, en su artículo 9, se establecieron alícuotas diferenciales para aquellos sujetos que posean al 31/12/2019 bienes en el exterior, a saber:
La Inspección General de Justicia de la Nación marcó la agenda política del gobierno al incorporar una norma mandatoria que impone a las personas jurídicas alcanzadas, asociaciones civiles, fundaciones y sociedades anónimas del artículo 299 de la LGS (con excepciones) cubrir sus cargos con paridad de género.
De acuerdo a los considerados de la resolución general (IGJ) 30/2020, el espíritu de la norma es poder realizar una adecuada verificación del cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales de los documentos cuya registración se requiere, en cumplimiento de la función propia del Organismo.
La AFIP ya está informando el resultado de la solicitud de los beneficios del mes de julio de 2020. Podés conocer si te otorgaron el salario complementario o el crédito a tasa subsidiada y la reducción o postergación de las contribuciones patronales con destino al SIPA.
Con la proximidad de las fechas de vencimientos para la presentación de las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales, surgen algunas dudas a la hora de la liquidación. En esta ocasión nos centramos en el siguiente interrogante: ¿cómo quedaron los inmuebles rurales en bienes personales?
En la Provincia de Santa Fe se implementan dos nuevos convenios de pago API: uno para alcanzar todas aquellas deudas tributarias que se hubieran generado desde el 1 de diciembre de 2019 al 31 de mayo de 2020, y el otro es solo para las deudas devengadas al 30 de noviembre de 2019.
En este artículo, el autor -que es uno de los redactores de la L. 24522- analiza el desarrollo histórico de los regímenes concursales, concluyendo en la conveniencia de que, superada que sea la crisis pandémica generada por la COVID-19, se sancione un verdadero nuevo Código de Bancarrotas, moderno y adaptado a las nuevas necesidades del -también- nuevo tiempo por venir. Al mismo tiempo, el autor desaconseja una reforma del régimen concursal mientras dure la emergencia económica, social y sanitaria y alienta la construcción de un nuevo modelo concursal.
El doctor Daniel Pérez analiza los puntos cardinales de los acuerdos que disponen la suspensión de trabajadores en el marco del artículo 223 bis de la LCT.
