202009.15
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CSJN: validez de la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo celebrado ante escribano público

CSJN: validez de la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo celebrado ante escribano público

RICARDO I. ORLANDO

Con fecha 10 de setiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) se pronunció en los autos «Ocampo, Alessio Matías Yair c/BGH SA s/despido» en favor del distracto por MUTUO ACUERDO previsto en el artículo 241, párrafos primero y segundo, de la ley de contrato de trabajo (LCT).

Parecería que este fallo no hace más que ratificar lo obvio, es decir que el mutuo acuerdo celebrado ante escribano no requiere intervención de la Autoridad de Aplicación, ya que se basta asimismo en la medida en que se haga por escritura pública. Ello no empece a que también se pueda hacer ante dicha autoridad o ante la Justicia Laboral con otros condicionamientos.

Para comenzar, es importante recrear -como lo hace la misma Corte en su fallo- la redacción de esta parte del artículo 241, LCT, el cual reza que

“las partes, por mutuo acuerdo, podrán extinguir el contrato de trabajo. El acto deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la Autoridad Judicial o Administrativa del Trabajo. Será nulo y sin valor el acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador y los requisitos consignados precedentemente”.

El juicio venia de tratamiento por la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, “que confirmando la sentencia de primera instancia, hizo lugar al reclamo de indemnizaciones por despido promovido por el trabajador con posterioridad a la extinción de su contrato por ‘mutuo acuerdo’, en los términos del artículo 241 de la LCT. Para así decidir, esta Sala consideró que el acuerdo no era válido, pues no había contado con intervención de Autoridad Judicial o Administrativa, ni mediado una resolución fundada que demostrase la ‘justa composición de los derechos e intereses de las partes’, que exige el artículo 15 de la LCT”.

Por eso sostenemos que este fallo viene a ratificar LO OBVIO, ya que no surge del texto legal ninguna obligación de pasar por la Justicia Laboral o por la Autoridad Administrativa un mutuo acuerdo realizado por escribano en los términos del artículo 241 de la LCT. En tal caso, el «a quo» estaría agregando un elemento más a dicho tipo de extinción del contrato de trabajo, lo cual no es correcto.

En el fallo se dice claramente que

«…en el caso bajo examen, no se discute que el trabajador en forma personal y la empleadora, mediante su representante legal, celebraron un acuerdo de extinción de la relación laboral ante un escribano público, en los términos del aludido artículo. De ahí que no constituya derivación razonada del derecho vigente la exigencia de la homologación administrativa o judicial de lo convenido, toda vez que ese requisito no se encuentra contemplado en la norma. La LCT solo establece dicha exigencia para los supuestos de acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios … cuando se realicen con intervención de la Autoridad Judicial o Administrativa” (art. 15).

Al respecto, la jurisprudencia en forma histórica y pacífica viene avalando esta figura, más allá de otras observaciones en favor y en contra del pago de gratificaciones dentro de la misma escritura. Así, se ha dicho por ejemplo que «…si se cumplen las exigencias del artículo 241 de la ley de contrato de trabajo, primer y segundo párrafo -y no existe un vicio de la voluntad debidamente acreditado-, la manifestación de las partes bastaría para disolver el contrato sin responsabilidad indemnizatoria alguna.

La posibilidad de aceptar una suma de dinero con motivo de una rescisión por mutuo acuerdo no implica, sin más, que se trate de un acto encubierto que provenga de la voluntad unilateral del empleador, pues bien pudo tratarse de una ruptura pactada de ese modo por mutua conveniencia.

De acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa ‘Gatarri, Alfredo c/Cometarsa Construcciones Metálicas Argentinas SAIC’, la trabajadora y su empleador pueden estar de acuerdo en poner fin a una relación laboral sin el pago de suma de dinero alguna (cfr. art. 241, LCT), o bien mediante un pago dinerario, lo cual dista mucho de ser un despido injustificado (que presupone la sola voluntad patronal), ya que la circunstancia de que se haya pactado el pago de una gratificación a la dependiente en modo alguno puede por sí misma enervar la modalidad de extinción vincular contemplada en el citado artículo 241 -primer párrafo-, pues no resultan incompatibles, máxime a la luz de la doctrina sentada por el citado fallo del Alto Tribunal…».(2)

El fallo citado es un resumen de cómo están las cosas, no dejando de advertir que hay jurisprudencia que desacredita el mutuo acuerdo en los casos en los que se pagan gratificaciones imputables al artículo 260 de la LCT. Pero este es otro tema.

En la actualidad, esta ratificación de la Corte respecto de la figura del mutuo acuerdo asume mucha importancia, pues prohibidos los despidos sin causa, o por falta de trabajo o disminución de trabajo, en los casos en que se quiera dar por terminada una relación laboral genuinamente la figura se hace más que necesaria, al otorgar además suficientes garantías, ya que el escribano interviniente es quien acredita por parte del trabajador discernimiento, intención y voluntad.

Ampliando el tema, por el decreto 624/2020 (BO: 29/7/2020) se prorrogó por tercera vez la citada prohibición, en principio hasta el 27 de setiembre de este año, descontándose que mientras continúe la cuarentena que tenemos desde el 20/3/2020, aquella será renovada (la medida incluye también la prohibición de efectuar suspensiones con las mismas causales, quedando exceptuadas aquellas que se efectúen en los términos del art. 223 bis de la LCT, en particular las que se concreten dentro de los acuerdos marco celebrados entre sindicatos y empleadores, tal el caso de la CGT y la UIA).

Además, y como sabemos, los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de esta norma no producirán efectos jurídicos, por lo que se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes con todas sus condiciones.

Volviendo al artículo 241 de la LCT, todo lo dicho no anula el proceder de muchos empleadores que llevan el acta notarial de mutuo acuerdo a ratificar en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), quien generalmente lo «registra», es decir simplemente «toma nota» del distracto, ya que si no hay conflicto alguno, no puede homologar.

Pero este agregado es voluntario de cada empresa de acuerdo a su política o al asesoramiento laboral que reciba. De ninguna forma es obligatorio que estos acuerdos deban tener la conformidad de la Autoridad de Aplicación o de la Justicia Laboral.

Resumiendo entonces, la Corte, además de sostener lo mismo que dice la ley 20744 de contrato de trabajo en su artículo 241, en momentos muy complicados a raíz de la pandemia viene a tranquilizar el tema ratificando la independencia y autonomía del distracto por mutuo acuerdo suscripto ante un escribano.