Economistas, abogados y calificadoras de crédito denunciaron que la nueva ley no logrará dinamizar las emisiones porque aumenta riesgos y costos a quienes pretenden buscar financiación
Con fuertes cuestionamientos a la nueva ley de mercados, en especial a su reglamentación, transcurrió ayer la segunda jornada del Congreso Argentino de Mercado de Capitales.
El encuentro, organizado por la Universidad del CEMA (Ucema) para evaluar precisamente la reforma del mercado, mostró a economistas, académicos y abogados muy críticos y escépticos respecto de que la iniciativa tenga posibilidad de “fomentar el ahorro y la inversión”, como proclamaron sus impulsores.
Así, el clima del congreso contrastó con el trámite más conciliador hacia la reforma de la primera jornada, tal vez porque ésta estuvo marcada por las exposiciones del presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, y los referentes de algunas de las instituciones del mercado que buscaron preservar el diálogo con la conducción del organismo encargado de supervisar la aplicación de la nueva ley.
La reforma “no sólo no incluye incentivos a las empresas para invertir, sino que, además, constituye un aparato extremadamente costoso para el emisor que atentará contra el objetivo de fomentar el ahorro”, denunció la economista Diana Mondino, directora de Asuntos Institucionales de la Ucema.
Mondino fue enfática al señalar las incongruencias del sistema emergente de las nuevas normativas. “No hay nada que impida que se presente un caso como el de (el financista) Madoff o triangulaciones de bonos”, y denunció que por imperio de las nuevas disposiciones en relación con los patrimonios “se conocerán más los bienes de los directores, gerentes y altos empleados de las empresas que los de los gobernantes o legisladores”.
No fueron más contemplativos con la ley los abogados. Arturo Giovenco marcó “incongruencias y contradicciones” entre la redacción final del artículo 20 de la ley de mercado de capitales y el decreto reglamentario. Cabe recordar que es una de las aristas más polémicas de la ley, ya que otorga amplias facultades de intervención y de suspensión del órgano de administración de las empresas por parte de la CNV si se presumieran vulnerados los derechos de accionistas minoritarios.
Su colega Gabriela Bindi, de Bindi Abogados, consideró llamativo que en la nueva ley no haya “mención alguna sobre la transparencia, que es un concepto inescindible del de mercado”. “Éstas sólo aparecen en el decreto reglamentario”, detalló, y recordó que en la anterior normativa las había, como “la exigencia de un lenguaje sencillo para los inversores en los prospectos”, citó.
Por su parte, el director de Moody’s Argentina, Daniel Rúas, cargó contra la exigencia de rotación por la cual una agencia no puede permanecer ligada a un emisor por más de cuatro años y criticó que se haya dado acceso indiscriminado a la evaluación de riesgo a las universidades públicas.
“La rotación no existe en ningún lugar del mundo y tendrá consecuencias negativas en el mercado, ya que la especulación sobre un cambio de calificación alentará la volatilidad de los instrumentos y limitará los plazos de las emisiones”, sostuvo, y dijo que será “particularmente gravoso para los emisores que coloquen local e internacionalmente”.
Sobre la habilitación de las universidades opinó que sería preferible que ingresaran en la actividad como sociedades anónimas “porque con las normas actuales todas las autoridades de la universidad serán responsables por lo que hagan quienes trabajan en la calificación.
FUENTE: Texto publicado en La Nación (3/10/2013)