Frente a la situación de emergencia que estamos atravesando y el impacto que en la actividad económica ocasiona el aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde las diferentes entidades que nuclean a los profesionales en ciencias económicas se le ha solicitado a la AFIP la reprogramación de los vencimientos de los impuestos, como así también adoptar otras medidas de alivio fiscal para los contribuyentes.
Ahora bien, la AFIP no se ha pronunciado a estos pedidos presumiblemente debido a la gran necesidad que tiene el Estado de obtener recursos para solventar esta situación extraordinaria. Al momento, solo han emitido algunas medidas de alivio fiscal para las MiPyMEs, particularmente, y para monotributistas, de las categorías más bajas, pero no se han establecido prórrogas, desgravaciones o exenciones que permitan sobrellevar mejor la crisis en los distintos sectores productivos.
Frente a este complejo panorama, en los últimos días han surgido distintas versiones sobre la posibilidad de implementar algunos tributos extraordinarios de emergencia para contribuir con la alicaída recaudación, donde ya resultan palpables los efectos de la merma en la actividad económica.
En un principio, había trascendido que se barajaba la posibilidad de un nuevo gravamen para aquellos sujetos que habían ingresado al blanqueo en el año 2017; sin embargo, este tipo de gravamen encontraría sus dificultades legales al discriminar a los contribuyentes por haber hecho uso del blanqueo y, además, contradiciendo los efectos liberatorios del mismo.
Profesionales consultados por los medios periodísticos han expresado su disconformidad por varios motivos, entre los que se destacan que quienes ingresaron al blanqueo hoy pagan impuesto por ese patrimonio y quizás ya no cuenten con ese patrimonio que fuera objeto del blanqueo en su momento, debido a la baja de las inversiones, consumo, etc.
La versión que se baraja con más fuerza por estos días para hacerse de recursos es la que gira bajo tres aristas distintas:
- la creación de un impuesto que grave las ganancias extraordinarias de supermercados, bancos, laboratorios, agroexportadores y alguna otra actividad;
- un impuesto a los ingresos de los legisladores y funcionarios y
- un impuesto sobre los grandes patrimonios que poseen las personas humanas y sociedades del país.
El Congreso deberá tratar en los próximos días el citado proyecto, que se encuentra en elaboración, en un contexto donde las necesidades económicas son muchas y no existe demasiado margen para cobrar impuestos.