Reforma Ley Penal Tributaria: la CSJN ratificó la aplicación del principio de la ley penal más benigna

por
corte suprema de justicia

El nuevo Régimen Penal Tributario, a través de la Ley 27.430, incrementó los “montos cuantitativos” de algunos tipos penales. Tras su sanción, se discutía si los procesos que en esos momentos estaban en trámite por evasión tributaria simple o agravada, apropiación indebida de tributos y/o de recursos de la seguridad social, quedaron alcanzados por el principio constitucional de retroactividad de la ley penal.

El nuevo régimen elevó el monto como condición objetiva de punibilidad de la evasión tributaria simple de $400.000 –previsto en la Ley 24.769- a $1.500.000 e hizo lo propio respecto de la evasión tributaria agravada, entre otros, del inc. “a”, referido a la cuantía de lo evadido, aumentando el monto de 4 millones a 15 millones de pesos.

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El Procurador General de la Nación consideró que ese incremento “estaba dirigido a “actualizar la suma original para compensar el efecto de una depreciación monetaria”, y no como un incremento de los “montos cuantitativos” de los tipos penales.

De esa manera, obligó a todos los Fiscales del fuero a apelar las decisiones de los Tribunales en donde éstos se pronunciaban aplicando el mencionado principio constitucional y con el consecuente sobreseimiento de los imputados.

En el caso “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769”, la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico sobreseyó a un contribuyente por el delito de evasión del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor agregado, ambos por el ejercicio fiscal 2011, por aplicación de la ley penal más benigna 27.430, al resultar inferior a la condición objetiva de punibilidad.

Luego, tras la apelación del Estado Nacional, a través de una votación dividida, la Cámara de Casación Penal hizo lugar al recurso del fiscal y anuló la sentencia  indicando que, a diferencia de la ley 24.769, la ley que regula el régimen penal tributario puso expresamente de manifiesto que la elevación de los umbrales cuantitativos se vincula con cuestiones de política económica -con el fin de compensar la depreciación monetaria y el proceso inflacionario acaecido en nuestro país desde la última reforma- y no con un cambio de valoración social de la conducta.

El caso llegó a la Corte Suprema. Allí, el máximo tribunal expresó que los argumentos de Casación obligaría a declarar la nulidad del auto de concesión no solo por falta de fundamentación sino también por falta de agotamiento de la competencia propia de un tribunal intermedio, lo que redundó en la omisión de tratar adecuadamente, con el dictado de una sentencia definitiva que emanara del tribunal superior de la causa, la cuestión federal comprometida a la luz de la doctrina de “Di Nunzio”.

El voto de los jueces se remitió al precedente “Palero” y “Cristalux” en donde se estableció la aplicación del principio de la ley penal más benigna y sostuvo que no existía ningún elemento “novedoso” que pueda mutar el criterio sentado en los precedentes citados.

Sobre la decisión de Casación, para la Corte no era posible conocer la razón por la cual la cuestión referida a la “actualización monetaria” debería autorizar a no aplicar la solución de “Palero” en tanto y en cuanto no surge de allí que esa haya sido la regla de derecho para fijar el alcance del principio de aplicación retroactiva de la ley penal más benigna.

Desechada entonces la posibilidad de justificar un apartamiento del precedente “Palero”, sobre la base del argumento de que la elevación de los “montos cuantitativos” que introdujo la ley 27.430 respondió a una “actualización monetaria”, analizó si las razones que dieron sustento a aquel precedente deberían ceder frente a las restantes invocadas no solo por el auto apelado sino también por las partes acusadoras en esos otros recursos, en la medida que sean coincidentes.

Además, remarcó que una solución que cercene el principio constitucional aludido conculca la interpretación auténtica de la ley –íntimamente vinculado al principio de legalidad, sobre todo en materia penal- al tiempo en que contradice los lineamientos y, fundamentalmente, los artículos 2º y 4° del CP y las normas convencionales.

Por otro lado, destacó que si la Ley 27.430 creó la Unidad de Valor Tributaria (UTV), como un mecanismo apto para actualizar los “parámetros monetarios” del Régimen – justamente para paliar los efectos de la inflación- es porque sin ese agregado no se lograba revertir tal situación.

En ese punto, señaló que la seguridad jurídica es una responsabilidad institucional que no puede ser ignorada por los Tribunales y remarcó que sus fallos sientan precedentes que son obligatorios por lo cual las diferentes judicaturas no pueden apartarse de su aplicación sin aportar nuevos y fundados argumentos que lo justifiquen.

En tal sentido, tampoco es admisible derivar de la Unidad de Valor Tributaria (“UVT”) que crea la ley 27.430 un argumento en pos de que la actual elevación de los montos no es más que una actualización monetaria de las condiciones objetivas de punibilidad que no puede ser asimilada a un menor reproche de la conducta de evasión.

Si mediante la consagración de la “UVT”, el legislador creó un mecanismo dirigido específicamente a regular la “actualización” de los “parámetros monetarios” del régimen penal tributario, con la finalidad de contrarrestar los efectos adversos de la inflación –como todos coinciden- es porque sin esa incorporación el sistema se mostraba insuficiente para hacer frente a esa realidad y ello era así, aun cuando el propio legislador estaba calificando a los “montos cuantitativos” como “condiciones objetivas de punibilidad”. Cualquier inferencia que, por ende, se efectúe a partir de esa calificación con miras a introducir un recorte en el principio de aplicación retroactiva de la ley penal más benigna no resiste una interpretación sistemática de la norma en que está inserta ya que atentaría contra el objeto y fin para el cual fue creada la “UVT”, según quedó plasmado en la letra de la ley.

Esa decisión, aunada a un criterio dispar en este tratamiento por parte de la Sala III con las restantes Salas que integran la Cámara Federal de Casación Penal y que no consiguió unificar el criterio jurisprudencial mediante un fallo plenario, atentó contra el derecho de todo justiciable a ser juzgado en un plazo razonable, conforme el artículo 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14.3c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ambos integrantes de nuestra Constitución Nacional en virtud del artículo 75 inciso 22.

Luego señaló una serie de precedentes, como “Mattei”, donde la Corte sostuvo que debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción a la libertad que comporta el enjuiciamiento penal.

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