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Extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo y su validez ante escribano público

Eduardo O. Schiel

Al confirmar la sentencia de primera instancia la Sala hizo lugar al reclamo de indemnizaciones por despido promovido por el trabajador con posterioridad a la extinción de su contrato por ‘mutuo acuerdo’, en los términos del artículo 241, LCT. Para así decidir, el a quo consideró que, más allá de que no se había probado la existencia de los vicios de la voluntad denunciados por el actor, debía de todos modos restarse valor al aludido acuerdo porque no había contado con intervención de autoridad judicial o administrativa, ni mediado una resolución fundada que demostrase la ‘justa composición de los derechos e intereses de las partes’ que exige el artículo 15, LCT. En el caso bajo examen, no se discute que el trabajador en forma personal, y la empleadora, mediante su representante legal, celebraron un acuerdo de extinción de la relación laboral ante un escribano público, en los términos del aludido artículo. De ahí que no constituya derivación razonada del derecho vigente la exigencia de la homologación administrativa o judicial de lo convenido toda vez que ese requisito no se encuentra contemplado en la norma. La LCT solo establece dicha exigencia para los supuestos de ‘acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa’ (art. 15, LCT). La decisión apelada debe ser descalificada con sustento en la conocida doctrina sobre arbitrariedad de sentencias. Se declara procedente la queja y el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada.

OCAMPO ALESSIO, MATÍAS YAIR C/BGH SA S/DESPIDO” – CSJN – 10/9/2020 – CITA DIGITAL EOLJU191758A

Una nueva sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que nada nuevo trae, arroja luz sobre la extinción del contrato de trabajo por acuerdo de partes. El instituto en análisis encuentra su fuente de regulación en el artículo 241 de la LCT. Sabio instituto el cual establece en su primera parte que “las partes, por mutuo acuerdo, podrán extinguir el contrato de trabajo. El acto deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo. Será nulo y sin valor el acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador y los requisitos consignados precedentemente”.

Como se observa, este instituto da relevancia al cumplimiento de los aspectos formales, lo que lo torna en un “acto jurídico ad solemnitaten”, permitiendo dos mecanismos:

a) que se instrumente por escritura pública o

b) ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo.

Exige, además, la presencia personal del trabajador, lo que impide que el mismo se realice mediante mandatarios. Su objeto no es otro que el de asegurar que la voluntad interna del trabajador se corresponda con la manifestada en el instrumento extrínseco, y esto resulta más que apropiado, ya que si hay algo de gran trascendencia en el contrato de trabajo es precisamente su extinción. Esta causal de extinción, como bien sabemos, no es indemnizable, lo que merece recordarse esencialmente por lo que más adelante señalaremos con respecto al caso motivo de este comentario.

Con relación a este modo de extinción ya nos habíamos referido(1) caracterizándolo como “una institución jurídica que en forma pacífica, empática, no violatoria del orden público, respeta la libertad de las partes”.

En una anterior colaboración(2), como nota al pie sostuvimos que “en este último caso (haciendo referencia a la extinción por mutuo acuerdo) no requiere homologación, dado que esto solo opera en los casos previstos en el artículo 15 de la LCT, es decir cuando se suscriben acuerdos transaccionales y/o liberatorios a fin de resolver cuestiones litigiosas que en esta especie no se presentan”.

Efectivamente una lectura desprevenida o en su defecto por la práctica cotidiana, nos puede llevar al error de entender que este modo de extinción requiere, para su validez, inexorablemente la presencia de un funcionario público y un acto administrativo o judicial de homologación. Por el contrario, esto solo se requiere cuando se realicen acuerdos “transaccionales conciliatorios o liberatorios” (art. 15, LCT), donde el funcionario actuante emite una resolución fundada que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes. Lo previsto en el artículo 15 tiene su inspiración y correlación en el artículo 1641 del Código Civil y Comercial de la Nación(3). La homologación del acuerdo le otorga a estos acuerdos el carácter de cosa juzgada.

Al respecto, y con relación al artículo 15 de la LCT, nos resulta oportuno señalar, sobre lo que no siempre se tiene reparo, es que la norma nos habla de alcanzar una justa composición de los derechos e intereses de las partes(4), y no de solo una de ellas.

Pero la homologación es requisito a los fines del artículo 15, más no a los fines del artículo 241, LCT, como apropiadamente sostuviera el máximo Tribunal en su fallo. En efecto, ninguna homologación exige el artículo 241 para su validez, por lo que el pronunciamiento de la Corte nada nuevo arroja. De hecho se ha sostenido con anterioridad que: 

“La desvinculación producida bajo las pautas del artículo 241, LCT, no genera derecho al cobro de indemnización alguna por parte del trabajador ni carga económica para el empleador y la ley confiere validez y plena eficacia a la libre determinación de las partes para resolver el contrato en tales términos”(5) (“Carballo de Nobal, Armonía c/Telefónica de Argentina SA s/Diferencia de haberes” – SCJBA – JUBA – 5/12/2001).

Hecha estas menciones estimamos pertinente, no obstante, que la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo en los términos del artículo 241 de la LCT es ineficaz para poner fin a otras deudas de origen laboral. Pero por otro lado, como hemos indicado en comentarios anteriores a los que arriba hicimos referencia, por lo general todo acuerdo extintivo en estos términos presenta el pago de “gratificaciones”, donde se ha sostenido que se los puede considerar como “pagos a cuenta” de otros rubros si así se indica en el instrumento de acuerdo. No obstante, la jurisprudencia del fuero no ha tenido una posición uniforme al respecto. Pero por otro lado los tribunales superiores le han dado validez a darle este tratamiento -pago a cuenta- y han entendido lo siguiente: 

“Aunque tal convenio -no obstante la petición en tal sentido de las partes intervinientes- no fue homologado por autoridad competente, tal circunstancia no es motivo para desconocer sin más sus consecuencias, ya que el principio de irrenunciabilidad establecido con carácter general en el artículo 12 del Régimen de Contrato de Trabajo -y con particular atinencia al sub examine en el artículo 13 de la L. 9688- a cuya protección se dirige el requisito de la homologación previsto en el artículo 15 del mencionado régimen, no se ve, en el caso, afectado en modo alguno. En efecto, claramente surge de las cláusulas aludidas en el considerando anterior que el acuerdo de referencia no importó la renuncia del actor a ningún beneficio establecido en las leyes laborales”.(6)

En fallo reciente con criterios divididos, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha resuelto en forma mayoritaria:

“II. Al respecto, entonces, considero que debe revocarse la parcela de la sentencia que desestimó la gratificación percibida por el trabajador. Sobre dicha problemática he expresado que, en conformidad a lo manifestado en otras oportunidades (causas L. 78064, ‘Meneses’, sent. de 22/12/2004; L. 74873, ‘Vazquez’, sent. de 16/2/2005; L. 77386, ‘Onchalo’, sent. de 6/7/2005; L. 80502, ‘Elusich’, sent. de 24/8/2005; L. 85019, ‘Portugal’, sent. de 1/2/2006; L. 81341, ‘Conforti’, sent. de 24/5/2006; e.o.), por razones de celeridad y economía procesal, atento lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto decidió la validez del pago al trabajador de una gratificación vinculada al cese compensable con cualquier reclamo indemnizatorio originario en la extinta relación laboral, incluidos los basados en la ley de accidentes de trabajo (in re ‘Gatarri, Alfredo c/Construcciones Metálicas Argentinas SAIC’, sent. de 23/8/1998, DT, XLIX-A-583), criterio que considero aplicable en la especie, es que entiendo que le asiste razón a la impugnante”.(7)

Así como entendemos procedente que se pacten cláusulas de compensación a futuros reclamos y/o acciones, sí nos resulta improcedente que en los acuerdos extintivos se establezcan cláusulas en que se indiquen la renuncia de derechos, porque ello sí viola la pauta directriz prevista en el artículo 12, LCT.

Volviendo al caso en cuestión, no dejó de llamarnos la atención que los tribunales inferiores hubieran incurrido en este tipo de error de derecho, por lo que nos permitimos ver el fallo de primera instancia. En este pronunciamiento se indica: 

“De los propios términos de la demanda se desprende que las partes extinguieron por mutuo acuerdo el contrato de trabajo en los términos del artículo 241, LCT, mediante suscripción de una escritura pública en la que se pactó en favor del accionante el pago de una suma por cese (ver fs. 29/30). Como surge del escrito inicial, el acto extintivo se instrumentó en escritura pública; y si bien el actor afirmó que se habría tratado de un despido encubierto, estimo que no ha probado la existencia de razones que permitan tener por configurada una causal de anulación de dicho acto extintivo”.(8)

Por lo que entendemos hasta aquí, lo resuelto en esta instancia es en el mismo sentido que lo resuelto por la CSJN. Como se reclamaban otros rubros, muchos derivados de la extinción, pero no otros (diferencias salariales, multa, art. 132 bis -a la que no se hizo lugar- e indemnización art. 80, LCT), en el fallo se dijo que: 

“Ahora bien, dicho acuerdo solo lo he de considerar válido como acto extintivo, pues si bien la demandada le propuso al actor la celebración de un acuerdo en los términos del artículo 241 de la LCT (29/30), dicho acuerdo carece de efecto liberatorio toda vez que no fue realizado ante la autoridad administrativa o judicial ni fue homologado por estas, conforme lo exige el artículo 15 de la LCT, por lo cual en el caso no resulta aplicable la doctrina plenaria recaída en autos ‘Lafalce, Ángel y otros c/Casa Enrique Schuster S.A.’ (Fallo Plenario Nro. 137 – 29/9/1970 – pub. DT, XXX-718; LL – 140-287; en sentido análogo, “Casuriaga Larrosa, Raúl Fidel c/Electrolux Argentina S.A.” – CNTrab. – Sala III – SD – N° 85778 – 23/4/2004; ‘Faranna María Cristina c/Siembra AFJP SA s/Diferencias de salarios’ – Juz. N° 46 – Sala III – sent. 87770 – Causa 9950/2004 – 29/5/2006). En tales condiciones, corresponde considerar la suma abonada en dicho acuerdo como ‘a cuenta del total adeudado’ (conf. art. 261, LCT).

Al respecto, nuestro Superior, en un caso análogo, ha sostenido que un acuerdo como el que suscribieron las partes en el caso no afecta en modo alguno la irrenunciabilidad consagrada en el artículo 12 de la LCT, pues de acuerdo a lo expresado no importó la renuncia del demandante a reclamar sobre la base del derecho que creía que le asistía, por lo que el pago realizado al trabajador es válido y genéricamente compensable con todo crédito que tuviese con motivo del contrato de trabajo (‘Gatarri, Alfredo c/Cometarsa Construcciones Metálicas Argentinas Sociedad Anónima’ – CSJN – fallo del 23/8/1988, pub. en DT XLIX-A, 587; ‘Medina, Francisco Ramón c/Siderca SA’ – esta Sala – SD – N° 67549 – 28/7/1994)”. (Todo lo destacado nos pertenece.)

Como se observa, no vemos nada hasta aquí que nos resulte objeto de crítica, y además es en similar sentido que lo arriba analizado. Pero más adelante, y aquí lo llamativo, el fallo hace lugar a las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la LCT, con más el incremento del artículo 2 de la ley 25323 (además de las diferencias salariales y la indemnización del art. 80, LCT, menos la gratificación por cese) lo que sí es incompatible con el modo de extinción habido y que motivara el recurso de apelación. La Sala VII, con fallo de la doctora Ferreirós y adhesión del doctor Rodríguez Brunengo adhirió a lo resuelto por el a quo, pero hizo lugar al recurso interpuesto por la actora y revocó lo resuelto en primera instancia con respecto a la deducción de lo abonado por gratificación (siguiendo el criterio que al respecto siempre tuvieron estos distinguidos magistrados, con los que no coincidimos). Rechazado el recurso extraordinario por la Sala, el demandado interpuso queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por arbitrariedad de sentencia.

Nos vamos a permitir volver a reproducir una parte del fallo arriba transcripto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de facilitar la lectura: 

“De ahí que no constituya derivación razonada del derecho vigente la exigencia de la homologación administrativa o judicial de lo convenido toda vez que ese requisito no se encuentra contemplado en la norma. La LCT solo establece dicha exigencia para los supuestos de ‘acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa’ (art. 15, LCT)”.

Pero, más allá de que el resultado fue revocar el fallo, hubiera sido apropiado, entendemos, fallar de otro modo. Es decir indicando la incompatibilidad de hacer lugar a indemnizaciones por despido incausado en el marco de un mutuo acuerdo (art. 241, LCT), declarado judicialmente como acto jurídico válido, ya que en primera instancia lo que se indicó con respecto a la necesidad de homologar y de aplicar el artículo 15 de la LCT, opinamos que fue, a los efectos de los otros rubros objeto de reclamo. El error, a nuestro modo de ver, del fallo originario, fue hacer lugar a las indemnizaciones por despido habiendo habido extinción por el artículo 241 de la LCT.

Esto nos lleva a otro análisis. A cualquiera bien le puede pasar equivocarse al dictar una sentencia, también puede haber un error en la instancia superior (de lo contrario no habría necesidad de instancias superiores y de recursos). Lo resuelto en ambas instancias entendemos que fue arbitrario (hacer válida una extinción por el art. 241, LCT, y a la vez hacer lugar a las indemnizaciones derivadas por un despido incausado), pero nos llama la atención que la Corte fundara la revocación como lo hizo, cuando estimamos que tal revocación correspondía hacerla por otra razón. En suma, la revocación correspondía efectuarla por una razón, pero se hizo por otra.

“De carambola” el resultado fue justo, pero a veces estas desinteligencias o errores materiales ofrecen una inapropiada administración de justicia, lo que no es bueno para la sociedad en general. Segunda conclusión, es que si uno analiza el fallo de la Corte lo ve justo, pero analizando los fallos de las anteriores instancias se observa que lo aparente no siempre es lo real.

Notas:

(1) Schiel – Orozco: “La extinción del contrato de trabajo por acuerdo de partes” – El Cronista Comercial – 12/7/2020

(2) Schiel, Eduardo O.: “Extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo…” – ERREPAR – DLE – diciembre/2019 – pág. 1179 y ss.

(3) “Art. 1641 – Concepto. La transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio, o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas”

(4) El destacado nos pertenece.

(5) “Carballo de Nobal, Armonía c/Telefónica de Argentina SA s/diferencia de haberes” – SCJBA – 5/12/2001

(6) “Gatarri, Alfredo c/Cometarsa Construcciones Metálicas Argentinas SAIC” – CSJN – 23/8/1988

(7) “Fredes, Juan Carlos c/Surrey SACIFIA s/accidente” – SCJBA – 6/11/2019, fallo del doctor Pettigiani al que adhirieron los doctores Soria, Genoud y Torres. En disidencia doctores Negri, Kogan y de Lázzari. En el caso “Magnani”, del 31/10/2016, con el voto del doctor Hitters, se había resuelto en sentido contrario

(8) Uno de los objetos de la demanda era que el actor había denunciado un vicio de la voluntad