202009.03
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Mayores controles sobre transferencias bancarias en moneda extranjera

El Banco Central de la República Argentina, dictó la Comunicación A 7072, que se publicó en el Boletín Oficial del día 21 de julio, a través de la cual introduce mayores controles sobre transferencias bancarias en moneda extranjera

Así, dispone que las entidades bancarias tomen recaudos especiales, de manera previa a efectivizar la transferencia, con el fin de minimizar el riesgo de fraude o lavado de activos, modificando las normas del Sistema Nacional de Pagos en lo que refiere a transferencias y más específicamente los puntos sobre la política “conozca a su cliente”.

Particularmente, la norma exige que las cuentas de destino no hayan realizado alguna de estas actividades:

  • Haber sido previamente asociadas por el originante de la transferencia a través de cajeros automáticos, en sede de la entidad financiera o por cualquier otro mecanismo que ella considere pertinente.
  • Registrar una antigüedad mayor a 180 días desde su apertura.
  • Realizar depósitos o extracciones en los 180 días anteriores a la fecha en que sea ordenada la transferencia inmediata.

Asimismo, la normativa establece que las entidades receptoras deben diferir la acreditación de la transferencia, cuando se efectúe una segunda transferencia durante un mes calendario, hasta eliminar cualquier sospecha de incumplimiento normativo en lo que refiere a la compra de moneda extranjera por parte de personas humanas residentes para la formación de activos externos.

Este diferimiento no puede exceder las 13 horas del día hábil siguiente y si no se produce la justificación del movimiento la entidad receptora debe rechazar la transferencia.

De estas restricciones se excluye a aquellas operaciones vinculadas a comercio exterior.

¿Qué motiva este endurecimiento en las normas sobre transferencias en moneda extranjera?

Recordemos que el 28 de octubre de 2019 entró en vigencia la Comunicación A 6815 del BCRA que instauró un cepo cambiario, por el cual se requiere la conformidad previa del BCRA para la realización de operaciones de cambio por parte de personas humanas residentes cuando superen el equivalente a US$ 200 mensuales.

En los últimos meses, el BCRA detectó la conformación de organizaciones que contratan beneficiarios de planes como el actual IFE y otros beneficios sociales que realizan operaciones a cambio de una contraprestación. Estos “coleros digitales” como se los denomina, venden su cupo mensual de compra de divisas por una comisión.

Inicialmente el BCRA comunicó que se inhabilitaría la compra de moneda extranjera para aquellas cuentas donde se depositaban beneficios sociales, pero esto luego no fue implementado, por lo que se presume que el dictado de la Comunicación A 7072 intenta persuadir el accionar de los coleros digitales.

Sin embargo, el 31 de agosto la autoridad monetaria, a través de las Comunicaciones B 88004, 88005, 88006, 88007 y 88008 suspendió y bloqueó el CUIT para el acceso al mercado cambiario a presuntos coleros digitales, a quienes se les detectaron operaciones inusuales en sus cuentas y de esta forma haber violado la ley penal cambiaria. En este sentido, publicó una lista de los 14.728 nuevos suspendidos para operar en cambios y 130 organizadores.

Además, por la infracción efectuada el BCRA abrirá sumarios que luego serán llevados ante la Justicia.

En esta misma línea, el Banco Central y el Ministerio de Seguridad de la Nación firmaron un Convenio Marco de cooperación en materia de seguridad bancaria, transporte de caudales, prevención y abordaje de las infracciones al Régimen Penal Cambiario.

Este compromiso, consiste principalmente en la intervención de Fuerzas Federales en las fiscalizaciones del cumplimiento de la normativa cambiaria que llevan adelante los agentes del BCRA, a fin de prevenir las infracciones al Régimen Penal Cambiario, configurado en la actuación organizada de personas que operan por fuera del mercado de cambios formal e intentan evitar ser identificadas o quedar registradas en las bases de datos.

De esta manera, crean la Unidad de Coordinación, que estará integrada por funcionarios del Banco Central y del Ministerio de Seguridad y que, en principio, tendrá vigencia por un año