El proyecto llegará hoy al plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto. No se esperan modificaciones al texto que baja de la Cámara alta, donde se hicieron retoques a la iniciativa que promovió el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
La Cámara de Diputados empezará hoy a discutir el plan de promoción del trabajo registrado que ya cuenta con media sanción del Senado. El plan es llevarlo al recinto recién el miércoles 21, ya que mañana la sesión especial convocada será para aprobar el traspaso de la ex ESMA y otros ex centros clandestinos de detención a la órbita del Gobierno nacional y para sancionar la exención de impuestos al biodiesel.
El proyecto para combatir el trabajo en negro llegará hoy al plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto. No se esperan modificaciones al texto que baja de la Cámara alta, donde se hicieron retoques a la iniciativa que promovió el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para conseguir el apoyo opositor y alcanzar la media sanción por unanimidad.
Entre las reformas al texto original, la más importante es la quita de beneficios para las empresas de más de 80 trabajadores, por lo que sólo entrarán al programa de reducción en los aportes patronales cuando tengan “hasta” 80 empleados. Este era uno de los puntos más conflictivos del texto que llevó Tomada, ya que extendía los beneficios a grandes compañías, de muchos recursos y de importantes ganancias.
El proyecto prevé, por un lado, un régimen definitivo de descuento de la mitad de los aportes patronales por cada nuevo trabajador registrado para las microempresas de hasta cinco empleados. Por el otro estará el régimen general, por el que los empleadores de hasta 15 empleados no pagarán aportes patronales por cada trabajador blanqueado; y sólo pagarán el 25% en el segundo año. Mientras que las pyme de entre 16 y 80 trabajadores, el descuento será del 50% en el primer año.
En simultáneo al régimen de beneficios crea el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), donde figurarán todas las empresas que violen la ley o que sufran otro tipo de sanciones por incumplimiento de la ley de trabajo. Su inclusión en este listado, más allá de las sanciones vigentes (que serán actualizadas por un proyecto que tramita en paralelo) los eximirá no sólo de alcanzar los beneficios del nuevo régimen, sino también de acceder, por ejemplo, a créditos de la banca pública o a la posibilidad de ser proveedores del Estado.
Fuente: texto e imagen publicados por iProfesional.com (13/5/2014)