Siendo la agroindustria el mayor sustento económico argentino en referencia al comercio exterior, el Estado y el sector exportador, en una iniciativa conjunta con miras al futuro económico pospandemia de nuestro país, propiciaron un plan para la reactivación agroindustrial mediante un proyecto de ley presentado en el Senado, que incluiría, entre sus principales propuestas, “retenciones diferenciales” según la cantidad producida.
I. Introducción
Para comenzar, debemos reconocer que el sector agroindustrial, junto con el agropecuario, es el principal generador de divisas en nuestro país, liderando la balanza comercial.
El conjunto de empresas que trabajan cotidianamente en la agroindustria son pilares fundamentales para asegurar un mayor nivel de producción, valor agregado, exportaciones y empleo, con su consiguiente impacto positivo en la distribución del ingreso y la equidad social.
Tal sostén económico, en la actual coyuntura mundial y por efecto de una economía tan globalizada como la que vivimos, se está viendo fuertemente afectado, sobre todo porque la pandemia de COVID-19 provocó una preocupante desaceleración económica en los principales destinos de las exportaciones de la Argentina, con consecuencias inciertas, aun en el escenario más optimista en vistas del control del virus.
En este contexto, y previendo un escenario poco favorable en las exportaciones, el Estado y representantes del sector agroindustrial y empresas argentinas de todo el país -pymes, medianas y grandes- que apuestan a generar empleo, reunieron posiciones para diseñar un plan orientado a crear las condiciones necesarias para promover el negocio agroexportador local, incrementar el empleo y las exportaciones, alentando a los sectores en el agregado de valor que la Argentina no tiene, y premiando toda la capacidad adicional mediante incentivos fiscales y crediticios.
II. ¿De qué se trata este plan?
La iniciativa -denominada “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal”- contiene un régimen de beneficios impositivos para nuevas inversiones, un programa de prefinanciación de exportaciones con tasas de interés acordes a las presentes en el mercado internacional, un plan para facilitar el desarrollo tecnológico local y un esquema de reducción paulatina de retenciones.
Como ha resaltado el propio presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio de Mendigaren, el proyecto incluirá “retenciones (derechos de exportación) diferenciales” dependiendo del incremento productivo y exportador que pueda aportar cada sector en un nuevo escenario de pospandemia, es decir, ir bajando en parte proporcional parte de las retenciones, y que el plan principal del campo es recuperar las inversiones, y transformar la materia prima generando empleo.
Además, de fondo, este proyecto apunta a generar un esquema de devoluciones de impuestos, sobre la base del nivel de industrialización.
Así, se aplicaría un 4% en actividades que impliquen un menor procesamiento y un 7% para las más industrializadas, mientras que para el complejo oleaginoso, el reintegro sería de 1,5% a harinas y pellets y de 2,5% para aceites y biodiésel.
En lo sucesivo, el objetivo es que el proyecto que ya fue presentado en el Senado sea tratado en el segundo semestre de 2020 y entre en vigencia en 2021.
III. ¿Cuáles son las principales propuestas a considerar?
Inversiones. La primera propuesta vertida en el proyecto contempla un régimen de beneficios impositivos para nuevas inversiones.
Según palabras de Gustavo Idígoras, titular de Ciara-CEC
está destinado a aquel que quiera invertir, y la idea es que por la nueva inversión haya durante cinco años beneficios impositivos como amortizaciones aceleradas, devolución de IVA y rebaja de aranceles de importación. Este régimen de beneficios estaría vigente durante diez años.
Financiamiento. El segundo término se basa en la generación de garantías públicas para facilitar el acceso del empresario del agro a líneas crediticias, brindando un marco de previsibilidad y sostenimiento para las inversiones proyectadas y el fluido acceso al capital de trabajo requerido.
Tecnología. El tercer punto, en aras de facilitar el desarrollo tecnológico local y la incorporación de mejoras disponibles o a crearse, es que el plan promoverá la compra de semillas identificadas, fiscalizadas y, en particular, las desarrolladas con nuevas técnicas de mejoramiento; de bioinsumos; de fertilizantes orgánicos e inorgánicos.
Exportaciones. Y el cuarto punto se trata de un plan nacional de fomento de la inversión y de las exportaciones agroforestales mediante la devolución de derechos de exportación, previa comprobación por parte de la autoridad de aplicación del incremento anual de las exportaciones, y mediante reintegros y/o reembolso de impuestos y tasas para todas las mercaderías de exportación para consumo, teniendo en cuenta el grado de procesamiento.
IV. Conclusiones
Esta es una excelente iniciativa a nivel macroeconómico, ya que la Argentina, sin duda, necesita hacer crecer sus exportaciones para generar dólares y empleo genuinos, pero el mayor desafío que tendrá este plan es que el Gobierno acceda a otorgar beneficios fiscales y a realizar modificaciones generales al sistema tributario en momentos donde las cuentas están por demás ajustadas, aun cuando la propuesta asegura que tendrá “efectos fiscales neutros”.
Los especialistas coinciden en que si bien los momentos de crisis son buenos para generar cambios y plantear este tipo de propuestas, primero hay que fortalecer lo que somos y resolver los problemas que afectan a la economía interna en su conjunto, causados por cuestiones pre y pospandemia: tipos de cambio diferenciales, un mercado laboral hiperregulado, sumamente litigioso e inflexible que afecta especialmente a la agroindustria, y escasísimo acceso a créditos; y consideran que lo importante es pensar líneas estratégicas, que solo pueden ser alcanzadas a partir de la determinación de un plan de trabajo, una metodología y un consenso entre los actores de la cadena de valor.
