La CNV reglamentó la ley de mercado de capitales y ya puede intervenir empresas

Podrá participar como veedor en todas las reuniones de las firmas a petición de un interesado, que deberá ser director o síndico. El Gobierno quiere ampliar el mercado.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dio ayer por la tarde la puntada final a la Ley de Mercado de Capitales, al reglamentar sus facultades para vigilar a los mercados y las empresas con oferta pública. Significó el último paso para la puesta en marcha de la norma que, en su artículo 20, permite al órgano del Poder Ejecutivo intervenir en las empresas sin orden judicial previa y a requerimiento de un accionista minoritario.
La reglamentación técnica consta de 708 páginas y dispone nuevas potestades para que la CNV pueda concurrir a las distintas reuniones de los órganos colegiados de las sociedades emisoras. Así consta en el artículo 20 del capítulo 2 del título 1, al establecer la misión y las funciones “del funcionario de la Comisión que concurra a las asambleas y reuniones de otros órganos sociales”. En la práctica, ese “otros” habilita al enviado a participar en reuniones de directorios y cualquier otro organismo colegiado, indicaron en la CNV. “La concurrencia del veedor a las reuniones de los órganos de administración y fiscalización deberá efectuarse por petición fundada del interesado”, dice el artículo.
Según una importante fuente oficial, esa “petición” está restringida a participaciones accionarias tales que puedan incorporar directores y síndicos. En los hechos, aclaró, pone sobre papel algo que la CNV venía haciendo por jurisprudencia, que es intervenir en asambleas conflictivas. El informante dio tres ejemplos: la pelea entre Telecom Italia y la familia Werthein, ambos socios de Telecom Argentina, que terminó en 2010; la batalla entre Clarín, La Nación y el Estado por Papel Prensa y el enfrentamiento entre el Estado y Repsol previo a la estatización de YPF. En esos casos, un director de la minoría pidió a la CNV que fiscalice las reuniones de directorio.
Según ese artículo de la reglamentación, el funcionario de la CNV deberá verificar el cumplimiento de las formalidades legales y estatutarias y que la asamblea o reunión se celebre en orden y se respete el derecho de los asistentes. También podrá ordenar el inicio de la asamblea cuando se demore sin motivo, pedir orden si es que la reunión se sale de su cauce y solicitar el libro de actas.
La resolución de la CNV, que regula en detalle cómo funcionarán los mercados y sus cotizantes (ver suplemento F&M), motivó que las grandes empresas emisoras llamaran a los abogados que las representan. Buscaban algún detalle sobre el temido artículo 20 de la ley 26.831, ese que faculta a la CNV a designar veedores con facultad de veto de las resoluciones adoptadas por los órganos administrativos de las empresas, a separar a los órganos de administración por hasta 180 días y a nombrar administradores por ese tiempo.
La nueva normativa no abunda en esa facultad. No agrega “letra chica”, pero, entienden abogados, deja todo en los términos “amplios” que planteó el decreto 1023, del pasado 1 de agosto. Esa norma estableció que la CNV podrá intervenir cuando “considere estar frente a un peligro de extrema gravedad para los derechos de los accionistas minoritarios”, y dispuso que un tenedor de 2% de las acciones o más puede solicitar al organismo que tome cartas.
Semanas atrás, un accionista minoritario del Grupo Clarín consiguió una cautelar que suspende la aplicación de esa parte del artículo 20 para la empresa. La CNV advirtió que no contemplaba su aplicación, pero Clarín sospecha que el Gobierno lo utilizará para intervenir la empresa.
“Se habla mucho del castigo del artículo 20, pero no hay casos de conflictos en las empresas en las que el Estado tiene un director. No hay en la CNV ningún ánimo persecutorio. Por el contrario, la intención de la cnv es promover el acceso de las empresas a la Bolsa”, dijo a El Cronista el presidente de la CNV, Alejandro Vanoli. “El Estado da un incentivo muy poderoso a las empresas para estimular el ingreso a la oferta pública, al eximir la compraventa de sus títulos del impuesto a las Ganancias”, agregó el funcionario.

Fuente: El Cronista (6/9/2013)