Los ojos de la política y la economía volverán a posarse esta semana en el Congreso, donde podrían convertirse en ley dos proyectos de gran importancia para el Gobierno: la tercera reapertura del canje de deuda externa y la creación de nuevos impuestos para financiar los cambios en el Impuestos a las Ganancias.
La Cámara de Diputados se apresta este miércoles a convertir en ley el proyecto de reapertura del canje de deuda, que tendrá los mismos beneficios que se otorgaron en las reestructuraciones realizadas en 2005 y 2010, y que fueron aceptadas por el 93 por ciento de los bonistas.
Por ese motivo, la bancada oficialista, que conduce la bonaerense Juliana Di Tullio, convocó para un plenario de comisiones para el martes para debatir el proyecto votado en el Senado, con el fin de emitir el dictamen que habilitará el debate en la sesión del miércoles.
En este contexto, la iniciativa sancionada por el Senado será analizada por las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, el martes desde las 16 en una reunión que se realizará en el edificio anexo de la Cámara.
La idea de los presidentes de ambas comisiones, Carlos Heller (Nuevo Encuentro) y Roberto Feletti (Frente para la Victoria), es poder emitir dictamen ese mismo día para poder llevar el tema al recinto en una sesión especial que se realizaría el miércoles.
Para ello, el oficialismo no sólo contaría con la mayoría propia y de los bloques aliados, sino que sumaría la adhesión del radicalismo y de algunos integrantes del peronismo opositor, reflejando lo que ocurrió en la votación del proyecto en el Senado.
El proyecto enviado hace dos semanas por el Ejecutivo para la reapertura del canje de deuda, suspende la vigencia de la denominada Ley Cerrojo y establece que la nueva convocatoria se realizará en “términos y condiciones financieras” similares a la operación concretada en 2010.
La iniciativa apunta a “llevar adelante todas las acciones necesarias para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos” que no ingresaron a los canjes instrumentados en 2005 y 2010.
El artículo segundo del proyecto establece que los “términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en el decreto 563/10”, en referencia a las condiciones de los bonos del canje 2010.
Otro artículo importante, el número 7, suspende la vigencia de la denominada Ley Cerrojo y el cierre del canje lo deja supeditado a la decisión del Congreso Nacional, para dar vía libre a la operación que oportunamente realizará el Ejecutivo.
Se trata de un artículo clave, de cara al juicio que la Argentina enfrenta en Nueva York, donde la Corte Suprema estadounidense deberá decidir si toma o no el caso.
El texto sostiene que quienes deseen participar deberán renunciar a los derechos que les correspondan como sentencias o laudos, o acciones legales iniciadas o que pudieran realizarse a futuro en relación a los títulos susceptibles de canje.
Sobre el proyecto que se debatirá desde el martes, Feletti señaló que “si alguien que representa menos del 1 por ciento de una deuda tiene de rehén a una nación, entonces no hay reestructuración posible”.
En esa línea, agregó que el fallo de la Cámara norteamericana “le otorga un poder de veto a quien compra 0,45 por ciento de los bonos que en su momento se defaultearon y desde ahí presiona, perjudicando a quienes apostaron por la propuesta argentina buenamente, y además están cobrando”.
“Si este mecanismo se legitima, no habría reestructuración de deuda posible en el mundo y estaríamos ante una suerte de dictadura financiera monumental”, añadió.
Desde el radicalismo, en tanto, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Miguel Giubergia, adelantó que su bloque “no va a poner palos en la rueda para abrir un nuevo canje de deuda” aunque cuestionó a los funcionarios que llevaron adelante las últimas negociaciones vinculadas con los fondo buitre.
• Ganancias
En tanto, el Senado se encamina a convertir en ley esta semana el proyecto que grava acciones que no cotizan en bolsa para compensar parte de la recaudación que el Estado dejará de percibir al eximir del pago de Ganancias a más de 1.500.000 trabajadores y jubilados.
La intención del oficialismo es realizar el próximo jueves desde las 10 una sesión ordinaria, y por eso el miércoles al mediodía se reunirán los jefes de bloque para acordar el plan de labor que será discutido al día siguiente.
La iniciativa, que obtuvo dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal el jueves pasado, propone la eliminación de la exención sobre las acciones de empresas, aunque se estableció que sólo tributarán un 15 por ciento aquellas que no cotizan en bolsa, y el 10 por ciento sobre los dividendos.
Además, se incluye el tributo para empresas extranjeras que realicen entre sí compra y venta de paquetes accionarios de empresas argentinas.
El proyecto apunta a reemplazar parte de los fondos que dejarán de recaudarse al quedar eximidos de Ganancias los salarios brutos de hasta $15.000 -de trabajadores casados y solteros-, medida que comenzó a regir desde el día 1 de este mes.
La medida tiene el respaldo del bloque del Frente para la Victoria, en tanto que la oposición integrada por el radicalismo, el peronismo disidente y el Frente Amplio Progresista decidieron rechazar esta propuesta diseñada por el gobierno nacional, que fue sancionada por diputados el miércoles a la noche.
En ese sentido, fuentes del bloque radical anunciaron que presentarán un dictamen de minoría propio y adelantaron que será similar al despacho propiciado por partidos opositores para que se amplíe el mínimo no imponible a todas las escalas y se actualice en forma semestral.
El proyecto fue defendido el jueves pasado en un plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien destacó que el proyecto apunta a financiar los cambios instrumentados por el gobierno nacional en Ganancias, que disponen que los trabajadores, tanto casados como solteros, que perciben hasta 15.000 pesos brutos queden exentos de ese tributo.
En tanto que los empleados que cobren hasta 25.000 pesos brutos tendrán una rebaja menor de sus salarios al elevarse en esa categoría en un 20 por ciento el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.
Echegaray explicó ante los senadores que la iniciativa que grava con un 15 por ciento las acciones de empresas que no cotizan en bolsa, y establece un tributo del 10 por ciento sobre los dividendos, busca lograr “un nivel de equilibrio”.
Echegaray argumentó que “se optó por gravar la venta de acciones que no cotizan en Bolsa que se estiman puede dar por año entre 650 y 700 millones de pesos con una alícuota del 15 por ciento” y recordó que “antes se hacía compraventa de acciones que al Estado no le dejaban un peso”.
El funcionario señaló que se descartó gravar los plazos fijos porque “eso es ahorro argentino” y “es contraproducente”, y destacó el hecho de que se “equiparen las empresas nacionales con las de capital extranjero” en el pago de este gravamen.
Al finalizar la presentación de Echegaray, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Aníbal Fernández, criticó a los legisladores de la oposición que se negaron a apoyar el proyecto cuestionando la creación de nuevos impuestos.
“Cualquiera puede decir lo que quiera. Sobre todo cuando se acercan las elecciones y pretenden eliminar impuestos. Pero el que tiene la responsabilidad de gobernar es el que tiene que garantizar el Presupuesto”, sostuvo Fernández.
La crítica del senador bonaerense estuvo dirigida hacia el radical Ernesto Sanz, quien había cuestionado la creación de nuevos impuestos al decir que “cobrarles ganancias a los trabajadores por su salario es una enorme contradicción, porque el salario no es ganancia”.
Fuente: texto publicado por Ámbito Financiero (8/9/2013)