La Argentina tendrá que ajustar a criterios internacionales los parámetros que usa para determinar si un país es un paraíso fiscal, según determinó un panel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) establecido a pedido de Panamá en 2012.
El fallo, conocido este miércoles, igualmente rechaza la mayoría de una serie de reclamos hechos por Panamá contra ocho medidas de tipo fiscal, comercial y de tipo cambiario, que adoptó el Gobierno, informó DyN.
Según consta en el decreto 589 de 2013, una norma que reglamenta la Ley de Impuesto a las Ganancias, la Argentina considera como países “no cooperadores” en materia tributaria a todos aquellos que no suscriban con ella un acuerdo de intercambio de información.
“Se consideran países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o regímenes tributarios especiales cooperadores a los fines de la transparencia fiscal, aquellos que suscriban con el Gobierno de la República Argentina un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria”, dice el artículo 1.
Ese punto agrega que también serán considerados cooperadores los países que tengan “un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información amplio, siempre que se cumplimente el efectivo intercambio de información”.
El decreto le reserva a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la elaboración de los listados que el país considere paraísos fiscales.
El decreto no establece otros requisitos, y le concede al titular del fisco, Ricardo Echegaray, la facultad de incluir o eliminar a países de los listados en base a criterios propios del organismo.
El panel de la OMC, según consta en la página de la organización, “recomendará” al Organismo de Solución de Diferencias (OSD) que “solicite a Argentina que ponga sus medidas en conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del GATT”.
Una mala, pero varias buenas
Pese a la determinación sobre paraísos fiscales, el Gobierno se manifestó “conforme” con el resultado del tribunal arbitral, ya que al rechazar los reclamos de Panamá consideró que es “un contundente aval” a las medidas aplicadas por el país contra el lavado y le elusión de impuestos.
En un comunicado citado por NA, la Cancillería explicó que el tribunal “consideró que las medidas anti-abuso que mantiene nuestro país, con el fin de prevenir los efectos nocivos generados por las jurisdicciones no cooperantes en materia de intercambio de información fiscal, se encuentran justificadas tanto en su racionalidad como en su diseño”.
“El informe de la OMC tiene importancia sistémica, porque constituye el primer precedente que evalúa y ratifica en un caso concreto el margen para adoptar regulaciones nacionales con el fin de llevar adelante objetivos de política legítimos, por razones de interés público, entre ellos prevenir el fraude fiscal y proteger la estabilidad del sistema financiero”, resaltó el texto oficial.
Fuente: Texto publicado por iProfesional (30/09/2015)
Seleccionado por: Editorial Errepar