A modo de despedida, la Justicia le propinó sendos reveses al Gobierno nacional con fallos vinculados al Decreto de Necesidad y Urgencia que la presidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner firmó la semana pasada. La Corte Suprema rechazó hacer lugar a un reclamo de la provincia de Formosa para obtener los beneficios de un fallo que había sellado el máximo tribunal el 24 de noviembre, cuando avaló reclamos de Córdoba, Santa Fe y San Luis y le puso fin al descuento del 15% de la masa de recursos coparticipables a las provincias que buscaban financiar a la ANSeS. Además, en línea con ese fallo, la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Liliana Heiland suspendió el DNU firmado por CFK. Tal decreto hubiese consistido en una suma a devolver a las provincias de $ 80.000 millones.
Fuentes judiciales informaron a DyN que la magistrada hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Mesa Nacional de Jubilados Pensionados y Retirados de la República, y le ordenó al Gobierno que “suspenda la ejecución del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)” que había firmado el Ejecutivo.
Ese decreto fue firmado el 1º de diciembre pasado por Cristina Kirchner para extender a todas las provincias de la Argentina los alcances de un fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia el 24 de noviembre y donde se hacía lugar al reclamo de Santa Fe, San Luis y Córdoba para la devolución de esos fotos que le retenía el Estado Nacional.
Precisamente, la Corte rechazó hacer lugar a un reclamo de la provincia de Formosa para obtener los beneficios de ese fallo de manera automática, al sostener que cada provincia tuvo diverso comportamiento frente a la prórroga unilateral que dispuso el Estado Nacional y había que analizar caso por caso.
El decreto firmado por Cristina Fernández obligaba a un desembolso millonario al Gobierno de Mauricio Macri en favor de los gobernadores. Ayer, a instancias del kirchnerismo y sin intervención de la oposición, la comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo emitió un dictamen favorable sobre la validez del DNU que firmó la jefa de Estado saliente, un texto que deberá ser aprobado en los recintos de Senado y Diputados. Pero un rato después, desde tribunales, la jueza Heiland suspendió los alcances del polémico decreto, al hacer lugar a una medida cautelar impulsado por la Mesa Nacional de Jubilados Pensionados y Retirados de la República.
Esos jubilados aseguraron que el decreto podría desfinanciar el sistema previsional y afectar “la movilidad jubilatoria, la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares”. La jueza hizo lugar al señalar que “el DNU cuestionado no explica las únicas y excepcionales circunstancias que autorizan su especialísimo dictado”.
Fuente: Texto publicado por El Cronista (10/12/2015)
Seleccionado por: Editorial Errepar