Para los funcionarios es un reclamo que involucra a una elite de apenas el 10% de los trabajadores registrados.
Por Mariano Martín
El Gobierno bajó las expectativas por una eventual modificación del Impuesto a las Ganancias, un reclamo que logró alinear como ningún otro las cinco centrales sindicales en las que está dividido el movimiento obrero más tradicional. Entre los funcionarios relacionados directamente con el impacto del gravamen admitieron que Cristina de Kirchner no dio hasta ahora orden alguna para avanzar en posibles cambios sobre el mínimo no imponible y, menos, en las escalas del tributo.
La respuesta de los funcionarios es similar a la que dos ministros les dieron a los referentes de las versiones oficialistas de la CGT y la CTA: tanto Julio De Vido (Planificación) como Carlos Tomada (Trabajo) les advirtieron a los gremialistas que este año podría repetirse lo de 2012, cuando el Gobierno omitió subir el mínimo no imponible y, de ese modo, engrosó el número de trabajadores alcanzados por Ganancias.
Para el Gobierno, se trata de una problemática menor en relación con la visibilidad que dieron de ella las tres CGT y las dos CTA. Según cifras oficiales, paga el impuesto apenas el 10% de los trabajadores registrados, es decir 1.070.000 asalariados que perciben ingresos en bruto por encima de los 15 mil pesos.
El otro argumento central del oficialismo es que ningún empleado que estuvo exento el año pasado deberá pagar el tributo en 2014, incluso si obtuvo un aumento salarial que lo ubicó por encima de ese monto. Es que el Decreto 1242/2013, que estableció el último cambio en el mínimo no imponible, consignó que quedarán liberados del impuesto los contribuyentes que hubiesen tenido ingresos mensuales de hasta 15 mil pesos entre enero y agosto del año pasado, sin precisar una fecha para modificar esos parámetros. Así, los asalariados que superaron esa barrera desde septiembre de 2013 permanecen exceptuados de pagar.
Aunque las quejas sindicales están concentradas en un universo acotado de trabajadores, se basan en el hecho de que los alcanzados por el impuesto están obligados a pagar más con cada aumento salarial. Dicho de otro modo, en un año no creció el número de contribuyentes, pero sí los valores pagados en los casos de quienes alcanzaron escalas superiores como consecuencia de los aumentos acordados en paritarias.
“Queremos reunirnos con la Presidenta para plantearle un tema que es una inquietud de todos los trabajadores. Algunos no cobraron el aguinaldo y el tema de Ganancias es algo que preocupa”, avisó ayer Caló. El dirigente metalúrgico encabezó el miércoles una reunión del Consejo Directivo de la CGT oficialista, en la que hubo coincidencia de la mayoría de sus referentes en elevar la presión sobre el Gobierno para obtener una respuesta.
Una alternativa que se discutió en la reunión del miércoles fue que los gremios enrolados en la central plantearan medidas de fuerza individuales, como hizo la semana pasada la Asociación Bancaria para demandar la quita del peso de Ganancias. Algunos sindicatos que en la reunión dijeron estar dispuestos a plantarse en esa posición fueron los metalúrgicos (UOM) de Caló, los albañiles (UOCRA) de Gerardo Martínez y los petroleros de Alberto Roberti, entre otros.
En el Gobierno, de todos modos, descartaron por completo la opción de habilitar la reapertura de paritarias, como sugirió Sergio Palazzo, de la Asociación Bancaria, como mecanismo para sumar puntos salariales en compensación por los descuentos de Ganancias.
Mientras los aliados de Caló intentarán apurar un encuentro con la jefa de Estado, otra central muy afín al Gobierno, la CTA de Hugo Yasky, sorprendió al convocar para el 4 de agosto a una movilización al Congreso con el reclamo contra Ganancias como bandera principal. Cerca de Yasky admitieron que la protesta puede ser estéril, pero explicaron que resolvieron encararla de todas formas para no quedar asociados al Gobierno en su negativa a los cambios.
En paralelo, las CGT opositoras, lideradas por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, preparan una huelga nacional para la primera quincena de agosto, una medida en la que dan por hecho adherirá la CTA de Pablo Micheli.
Fuente: texto e imagen publicados por Ámbito Financiero (18/7/2014)