Aún no hay una decisión final tomada sobre la “letra fina” de la suba del mínimo. En el oficialismo se enfrentan dos posiciones: una fiscalista que busca que la suba sea concentrada casi únicamente en los salarios menores y otra, política, que presiona para que el incremento sea importante.
La decisión de subir el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias ya está tomada. Antes de la liquidación de los salarios de junio (que incluyen el medio aguinaldo), la actualización sobre la presión del tributo estará definida y será seguramente anunciada por cadena oficial y a través de un mensaje presidencial.
Sin embargo, aún dentro del Gobierno no hay una decisión final tomada sobre la “letra fina” de la suba. En el oficialismo se enfrentan dos posiciones: una fiscalista que busca que la suba sea prudente y concentrada casi únicamente en los salarios menores alcanzados por el impuesto; y otra, política, que presiona para que el incremento sea sustancial e importante.
En el primer caso, la propuesta es que el nuevo mínimo suba la presión de Ganancias a un nivel de entre los $17.000 y los $18.000 mensuales; y que luego vaya reduciendo el beneficio para los que cobran hasta $25.000, para luego permanecer igual que hasta ahora.
La justificación para esta posición, que en general defiende todo el equipo económico, es doble. Por un lado se menciona que en realidad sólo el 15% de los trabajadores en relación de dependencia está alcanzado por el impuesto (el dato es anterior a la aplicación de los nuevos aumentos salariales, fruto de las paritarias 2014) y que una mejora llevando el nuevo mínimo a $19.000 o más representaría una pérdida en la recaudación de no menos de $4.000 millones durante el resto del año. En un ejercicio fiscal complicado y de déficit irreversible, ese dinero es considerado fundamental.
Desde el “ala política” hay menos visión económica, pero sí consideraciones sobre “la gobernabilidad”. Se afirma que si no hay una mejora sustancial e importante en Ganancias, llevando el nuevo mínimo a no menos de $19.000 de salario bruto mensual (lo que implicaría una mejora del 30%), será muy difícil sostener la alianza sindical con la CGT oficial de Antonio Caló.
Gremios como bancarios, metalúrgicos, terminales automotrices, alimentos y autopartistas que están dentro de la central cercana al Gobierno, cuyos afiliados están casi en su totalidad alcanzados por el impuesto, lo cual genera situaciones de efervescencia dentro de las plantas, señala Ámbito Financiero.
Se habla además de que la aceptación de aumentos salariales en paritarias con no más del 30% de incremento se debieron a la promesa oficial de una mejora importante en la presión de Ganancias. En el mundo sindical oficial se afirma también que Hugo Moyano y su CGT rebelde tendrían una excusa formidable para comenzar a atraer más gremios y presionar por nuevas marchas y jornadas de huelga en contra del Gobierno, si el tributo continúa afectando a gran cantidad de empleados en relación de dependencia. Se recordaba que gremios como camioneros, petroleros, aceiteros y mineros militan en la CGT rebelde y están fuertemente alcanzados por el impuesto a la renta.
La decisión final la tomará personalmente Cristina de Kirchner, que de todas maneras ya definió que habrá una suba antes de junio. Se lo transmitió personalmente la jefa de Estado a dos dirigentes sindicales, al bancario Sergio Palazzo y a Armando Cavalieri, de Comercio, el martes 9 de abril pasado, cuando los dos sectores se reunieron en la quinta de Olivos para presentar ambas paritarias. Eran testigos los ministros Carlos Tomada y Axel Kicillof junto con banqueros como Claudio Cesario (ABA), Carlos Heller y Juan Ignacio Forlón (Abappra) y Jorge Brito (ADEBA), además de los representantes del comercio Carlos de la Vega de la CAC y Osvaldo Cornide de CAME.
Fuente: texto e imagen publicados por iProfesional.com (5/5/2014)