El Senado de la Nación anoche convirtió en ley el proyecto del Poder Ejecutivo que aprueba el programa de facilidades extendidas del Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar una deuda de u$s44 mil millones. La ley 27668 salió publicada en el Boletín Oficial de hoy.
Tras un debate de 9 horas, la votación resultó como se preveía: Juntos por el Cambio acompañó la propuesta del Poder Ejecutivo, mientras que la bancada del Frente de Todos se dividió y el sector K no apoyó la iniciativa, que terminó recibiendo 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones.
El martes, la comisión de Presupuesto de la cámara alta firmó dictamen unánime para avalar la iniciativa. Pero como el reglamento del Senado fija que se deben cumplir 7 días para someter los despachos a votación, el oficialismo necesitaba un quórum especial, con 48 de los 72 senadores presentes que no podía alcanzar sin la principal coalición opositora.
El proyecto fue tratado por el Congreso de la Nación en los términos de la ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública que establece que, entre otras, que todo programa realizado con el FMI requiere de una ley que lo apruebe expresamente.
Lo que establece el acuerdo
Según informó el Poder Ejecutivo, el acuerdo con el FMI incluye 10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio. En tanto, el primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del organismo y el resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión.
El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034.
Se fijó como uno de los principales objetivos un déficit primario del 2,5% del PIB en 2022, cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB para el 2024.
Sobre los controles trimestrales del FMI, hay tres puntos claves que se van a revisar:
- Cumplimiento de la meta de rebajar el déficit fiscal.
- Reducción del financiamiento del Banco Central al Tesoro para cubrir el déficit: antes era el 3% del PBI, ahora tendrá que ser el 1%.
- Acumulación de reservas del Banco Central: debe sumar 5 mil millones de dólares más que a principio de año.
Luego de muchos rumores que corrieron los días previos, el Gobierno aclaró que “no prevé ninguna reforma previsional” y respecto a la quita de subsidios buscará “lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva”.
El proyecto
Tras intensas negociaciones, y a los fines de evitar que el país quede en riesgo de quedar en “default”, el oficialismo accedió a modificar la letra del proyecto.
Así, el proyecto quedó con solo tres artículos, que quedaron redactados de la siguiente manera:
El artículo 1 establece: “Apruébanse, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el “Programa de Facilidades Extendidas” a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación de los vencimientos del “Acuerdo Stand By” oportunamente celebrado en 2018 y el fortalecimiento de las reservas internacionales. El Poder Ejecutivo Nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”.
En tanto, el artículo 2 indica que la ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y el artículo 3, de forma, establecer la comunicación al Poder Ejecutivo Nacional.
Las modificaciones
El texto finalmente excluye los anexos que plasmaban el programa económico que debía implementar el Poder Ejecutivo para su cumplimiento. Este ítem era rechazado por los bloques que estaban dispuestos a acompañar la operación de crédito público.
Por otro lado, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio lograron acordar que el proyecto final no incluyera la palabra “refinanciamiento” ni “deuda o endeudamiento” sino que optaron por un término más neutral: “operaciones de crédito público contenidas en el ‘Programa de Facilidades Extendidas’“.
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