Se establece que el certificado de antecedentes penales requerido por la Dirección Nacional de Migraciones para todo trámite que corresponda, deberá contener en forma completa y clara los datos de la persona, así como todos los antecedentes penales perfectamente individualizados, con una antigüedad de 10 años, a contar desde el momento de su emisión por la autoridad competente del país del extranjero que lo presente o bien del país donde residía con anterioridad al ingreso a la República Argentina.
El citado plazo podrá ser materia de análisis particular, en razón del principio de reciprocidad del Derecho Internacional receptado en el art. 102 de la ley de migraciones (L. 25.871).