La Corte Suprema de Justicia consideró ayer que el Estado debe indemnizar a una empresa que se vio perjudicada por la traba a las importaciones. En un giro innovador, el máximo tribunal no cuestionó la regulación actual, pero solicitó una reparación por los daños que ésta le ocasionó a una firma privada. Es un precedente clave para el empresariado, más aún si se toman en cuenta las complicaciones que padecen los importadores al momento de presentar las declaraciones juradas anticipadas para lograr ingresar los bienes que llegan a la Aduana.
Por Milton Merlo
El concepto más original del fallo es que el obrar lícito del Estado también puede justificar una compensación económica.
Con su nueva composición de seis integrantes, el fallo lo firmaron todos los ministros con la excepción de Eugenio Zaffaroni. La acción fue impulsada por una firma que había efectivizado un contrato para importar motos de Japón, transacción que se vio perjudicada por la regulación aduanera. La empresa inició una demanda a partir de un adelanto de 42 mil dólares que había girado como paso previo a la llegada de los bienes importados.
En las últimas semanas la Aduana se ha transformado en un blanco inesperado de los fallos cortesanos: recientemente una resolución puso en duda la validez del código aduanero por entender que este cuerpo normativo debía aprobarse en el Congreso y que no podía enmarcarse en las facultades delegadas por el Poder Legislativo.
No es el primer disgusto en este sentido que tiene el Gobierno: desde hace semanas sus abogados detectan que en el fuero Contencioso Administrativo se está transformando en una práctica habitual la emisión de cautelares favorables a las empresas que litigan por las demoras de la Secretaría de Comercio para aprobar sus autorizaciones a la importación.
Este fuero cobrará importancia en los próximos días para el Palacio de Haciendo porque allí han comenzado a circular los nombres que Axel Kicillof podría proponer para el Tribunal Fiscal, instancia que encuentra su alzada en los despachos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Lecturas
El voto de Lorenzetti en el fallo de ayer merece distintas lecturas. El presidente de la Corte sostuvo que cuando se producen cambios abruptos que inciden en las transacciones comerciales en curso se afecta la seguridad jurídica. Un concepto que dominó la última reunión que Lorenzetti protagonizó con empresarios, a fines del año pasado.
“En este sentido, la gobernabilidad requiere de un mínimo de previsibilidad para que los ciudadanos actúen sobre la base de la confianza, disminuyendo los costos de las transacciones y beneficiando a los consumidores”, escribió el justice.
Más interesantes aún son las palabras de Enrique Petracchi quien si bien se plegó al fallo, lo hizo con una disidencia parcial.
Hoy por hoy es le mejor conocedor de derecho administrativo que tiene la Corte (antes de 1983 fue fiscal de cámara en el fuero Contencioso).
Petracchi cuestionó el pedido de la empresa y se mostró en sintonía con la postura de la Cámara en lo Contencioso que no le reconoce resarcimiento alguno al litigante. En un fragmento de su voto recuerda que la firma realizó un pedido para importar que se encuentra por encima de las unidades permitidas por el actual reglamento y que además la empresa no recurrió a dicha norma. Curioso.
“Lo expuesto refuerza el argumento del a quo en el sentido de que en autos no se ha demostrado que las resoluciones MEyOSP 790/92 y 956/92 hayan generado a la apelante daños que, por constituir consecuencias anormales -vale decir, que van más allá de lo que es razonable admitir en materia de limitaciones al ejercicio de derechos patrimoniales-, signifiquen un verdadero sacrificio desigual, que el titular del derecho no tiene la obligación de tolerar sin la debida compensación económica”, expresó el ministro.
El próximo issue que tiene pendiente al empresariado es la audiencia pública del próximo miércoles en la Corte por una denuncia contra Google por difundir contenidos que serían ofensivos para las personas. En el acuerdo de ayer se definió que en la audiencia estarán para hacer preguntas a los abogados de la empresa y a la querella los jueces Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Petracchi y Lorenzetti.
El caso llega a la Corte luego de que el pasado martes la Corte europea fallará a favor de los usuarios que se consideraron agraviados por los buscadores.
Fuente: texto publicado por Ámbito Financiero (16/5/2014)
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