La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos “Giaboo SRL s/recurso de queja” del 10/12/2015, entendió, ante la resolución de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación que denegó el recurso de apelación interpuesto por una empresa sancionada con multa por infracciones laborales, que la limitación que veda el acceso al control judicial en función de la cuantía de la multa, afecta el derecho de defensa en juicio y más abarcativamente el de la tutela judicial efectiva (conf. arts. 18 de la CN y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Por otra parte, en lo relativo la condición del pago previo, la regla del solve et repete no es por sí misma, contraria a los derechos de igualdad y de defensa en juicio (conf. arts. 16 y 18 de la CN). En ese sentido, el Máximo Tribunal ha reconocido, en principio, la validez de las normas que establecen el requisito del previo pago para la intervención judicial y ha entendido necesario morigerar ese requisito, en supuestos de excepción que involucren situaciones patrimoniales concretas de los obligados, a fin de evitar que ese pago previo se traduzca en un real menoscabo de derechos.
Fuente: Editorial Errepar