La tan mencionada ley de alquileres, sancionada el 11 de junio de 2020, trajo aparejado grandes inconvenientes en el mercado inmobiliario.
El espíritu de la ley N° 27.551 era ampliar los derechos de los inquilinos, dando mayor previsibilidad en cuanto al plazo de los contratos, extendiendo el mínimo a tres años, en vez de dos años como regía anteriormente; y la metodología de indexación del canon locativo, basado en el índice publicado por el BCRA obtenido como promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio, con un ajuste anual. Además de buscar una mayor transparencia en el sector mediante la obligación de declarar los contratos ante la AFIP.
Si bien la idea fue dar mayor protección a los inquilinos, no funcionó. Lo que sucedió fue disminuir la oferta de alquileres, aumentar los precios de inicio de los contratos y acrecentar el mercado informal.
El martes 12 de abril, se retomó en la cámara de diputados el tratamiento de la modificación de la ley de alquileres.
Se realizó una reunión informativa con la presencia de representantes de todo el país de los colegios de martilleros y corredores públicos, representantes de los inquilinos, defensa del consumidor, entre otros, donde se expuso la problemática en las provincias.
Uno de los proyectos presentados para solucionar los problemas de esta ley, es el de Martín Tetaz, el cual establece que el plazo mínimo de los contratos sea de un año.
Si las partes no acuerdan un período expreso y determinado, se consideraría un plazo de dos años. En cuanto al valor de los contratos, establece que sean por un valor único, en periodos mensuales, con ajustes que surjan de un común acuerdo entre las partes.
Por otro lado, el diputado del PRO Rogelio Frigerio presentó el lunes 11 de abril un proyecto de ley que busca eximir del Impuesto a los Bienes Personales a los inmuebles alquilados que estén destinados a casa – habitación.
Siempre que la propiedad no supere el monto establecido en el segundo párrafo del artículo 24, que son 30 millones de pesos para el 2021. De aprobarse el proyecto, la exención será aplicable a partir del período 2022.
Otro de los proyectos, es el de José Luis Gioja por Frente de Todos. Propone un plan de construcción y adquisición de inmuebles destinados a la gestión pública de alquileres sociales, topes de precios iniciales de alquileres, facilitar el acceso a quienes se encuentran registrados en el Régimen del Monotributo y gravar los inmuebles que podrían destinarse a vivienda y se encuentran deshabitados.
Asimismo, plantea que los bienes inmuebles locados estén exentos del Impuesto a los Bienes Personales por 15 períodos fiscales.
Por el Frente de Todos, la diputada nacional porteña, Gisela Marziotta, presentó otra iniciativa. La principal medida es la suspensión de los aumentos hasta que entre en vigencia la nueva ley y propone la creación de la Cámara Nacional de Alquileres, para la regulación de precios de alquileres y control de contratos.
El objetivo es llegar a un dictamen de consenso para tratar el o los proyectos la primera semana de mayo.
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