Buenos Aires – Previsiblemente, estalló la polémica con el sector gremial nacional y local luego de que el vicegobernador Gabriel Mariotto anticipara el miércoles la intención de impulsar una ley para declarar a la educación como un “servicio público esencial” y así reglamentar el derecho a huelga en la provincia y domar las escaladas de paros en el sector.
“No es bueno que un gobernante que se dice nacional y popular quiera imponer una ley para que los docentes sean corderos frente a los que le paguen dos pesos”, disparó ayer el secretario general de la CTA opositora, Pablo Micheli.
“Es curioso que representantes de un Gobierno que se dice progresista y popular quieran instaurar conceptos contra los que ya tuvimos que luchar en la década del 90”, coincidió la titular de la bonaerense Feb, Mirta Petrocini.
En sintonía, el líder de Suteba, Roberto Baradel, consideró que Mariotto “está equivocado”. “Se considera servicio esencial cuando su interrupción total pone en riesgo la vida y la seguridad de las personas, y hay que establecer guardias mínimas; pero es inviable que dos o tres maestros queden a cargo de 700 alumnos”, enfatizó.
Los dichos de Mariotto recibieron ayer, en cambio, un respaldo institucional. “El proyecto de ley que está presentando nuestro vicegobernador es un proyecto de nuestro Gobierno”, afirmó el jefe de Gabinete de Daniel Scioli, Alberto Pérez. En esa línea, anticipó que se buscará con esa norma derogar “una ley del exgobernador Felipe Solá, hoy diputado del Frente Renovador, que le quitó la calidad de servicio esencial a la educación”.
Por su parte, Mariotto defendió la pretensión. “La suspensión de la educación, aún en virtud de legítimos reclamos de los docentes, es en sí misma una vulneración al mismo derecho que el reclamo dice custodiar”, dijo, en medio de una dura huelga de maestros bonaerenses que hoy cumplirá 8 días.
“Con este formato salvaje de huelgas” -dijo- se genera una educación “de elite, ya que sólo tienen clases los chicos que asisten a escuelas privadas”.
El vicegobernador aclaró que la iniciativa no elimina el derecho a huelga, aunque apuntó que “no se puede dejar a los chicos fuera de las clases”. Según Mariotto, la idea es reformar la Ley de Negociaciones Colectivas Docentes sancionada en 2006, durante el Gobierno de Solá.
Fuente: texto y foto publicados por Ambito Financiero (14/03/2014)