El oficialismo en el Senado firmó el dictamen del proyecto “Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral” que plantea sanciones y reducciones de aportes patronales para reducir el empleo “en negro”, y se prevé votar en el recinto el 30 de abril.
El dictamen se firmó en un plenario de las comisiones de Trabajo, de Presupuesto y Hacienda y de Justicia, adonde concurrió el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para defender la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.
“La ley parte de la idea de que un porcentaje importante del trabajo no registrado todavía está en un 40 por ciento de las empresas formales”, afirmó Tomada y agregó: “Un 58 por ciento de las empresas que hemos inspeccionado, luego reinciden en el trabajo no registrado”.
El ministro destacó que uno de los mecanismos que plantea el proyecto es “la creación de un registro de las empresas que son sancionadas por tener trabajadores no registrados o no cumplir la normativa laboral”.
También ponderó la creación de “una unidad específica en el Ministerio de Trabajo, donde se aspira a una inspección más cualitativa que cuantitativa” contemplada en el proyecto.
Tomada subrayó que el proyecto es “integral” porque establece “un avance de estímulos o incentivos a los sectores (empresariales) más débiles, de mayor vulnerabilidad”.
En este sentido, explicó que el proyecto fija que “las empresas con hasta 15 trabajadores van a tener un régimen transitorio de disminución de cargas sociales para la creación de nuevos puestos de trabajo”.
En la misma línea, destacó que las “microempresas” con “hasta 5 empleados” tendrán una “reducción permanente de las contribuciones patronales”.
“Les damos la posibilidad de evadir la sanción ayudándolos a cumplir la legislación”, justificó el titular de la cartera de Trabajo durante su exposición.
El ministro precisó que las microempresas de hasta 15 trabajadores gozarán de un descuento del 100 por ciento en contribuciones patronales por cada empleo nuevo que tomen, durante el primer año.
El descuento será del 50 por ciento para las microempresas de 16 a 80 integrantes, y del 25 por ciento para las que empleen más de 80 personas, durante los primeros dos años.
Los senadores de la UCR se mostraron de acuerdo con el espíritu del proyecto y consideraron que “está bien mejorar la fiscalización y sanción”, pero se mostraron en contra de la “lógica sancionatoria” por entender que las sanciones son “excesivas
respecto de los beneficios de la pymes”.
Por su parte, el senador del PRO Alfredo de Ángeli indicó que en el sector rural se da una situación en la cual “los que tienen planes (sociales) se niegan a ser blanqueados para no perderlo”.
Al respecto, Tomada argumentó que “hoy la distancia entre los pocos planes sociales y el salario de un trabajador registrado no amerita una opción equivocada por parte de ese trabajador”.
También se le dio dictamen a otro proyecto complementario que actualiza los montos de las multas que deberá pagar las empresas, vinculándolos con la evolución del salario mínimo, vital y móvil.
Fuente: texto y foto publicados por Ámbito Financiero (23/4/2014)