En forma imprevista, el Gobierno suspendió ayer el encuentro que representantes de las principales cámaras empresarias y de la CGT y la CTA más afines al kirchnerismo iban a mantener esta tarde en el marco de la comisión de Trabajo no Registrado del diálogo tripartito. La falta de consenso con algunas de las iniciativas que forman parte del plan ideado por el Ministerio de Trabajo para reducir la informalidad y en particular el firme rechazo empresario a la propuesta de creación de una especie de veraz laboral, un registro público de empleadores sancionados por maniobras de fraude laboral o empleo no registrado, motivaron la postergación del encuentro, según fuentes que participan de la negociación de las medidas con el Ejecutivo. Hay mucha confusión, no están resueltas las principales propuestas, argumentó un referente empresario que integra la comisión.
Desde la cartera laboral, en cambio, explicaron que la suspensión del encuentro fue resuelta de común acuerdo con los diferentes actores participantes y que responde a la intención de continuar avanzando en el marco de las comisiones técnicas para definir los detalles de las iniciativas. Para Trabajo, no existen diferencias de fondo respecto de los ejes del plan, por lo que la postergación de la reunión plenaria estaría relacionada con el propósito de aguardar el retorno de la presidenta Cristina Fernández a sus actividades para formalizar los anuncios.
El paquete de medidas para recortar los niveles de informalidad abarca desde incentivos de financiamiento para la firmas que blanqueen a su personal, hasta sanciones para compañías reincidentes en la contratación de personal en negro y ampliación de las políticas de fiscalización.
La intención oficial de crear un registro de empleadores sancionados por maniobras de fraude laboral o empleo no registrado, constituye el principal reparo de las principales cámaras empresarias. Es que la inclusión en ese registro prevé fuertes sanciones para las firmas que reincidan en esas maniobras, que van desde el impedimento para participar de licitaciones públicas, la inhabilitación de acceso a créditos del Bicentenario y a subsidios y hasta la suspensión temporaria del CUIT. En la opinión empresaria, esa iniciativa es solo un escrache, que no tiene ninguna utilidad práctica porque no mueve al empleador a rectificar la irregularidad, afirmó un ejecutivo que participa del diálogo.
El plan también contempla un nuevo régimen simplificado de pago único para microempresas que formalicen a su personal y un esquema de créditos a tasa subsidiada para financiar capital de trabajo destinado a firmas pequeñas que blanqueen a sus trabajadores y los mantengan registrados por un plazo mínimo de dos años.
Fuente: texto y foto publicados por El Cronista (22/10/2013)