El plan elaborado por Trabajo también prevé crear un registro de empleadores sancionados por fraude laboral. Apuesta a que se blanqueen un millón de trabajadores.
por Elizabeth Peger
El Gobierno incluirá en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso las iniciativas que componen el denominado Plan Integral contra el empleo no registrado, un paquete que fue presentado en diciembre pasado a cámaras empresarias y centrales sindicales en el marco del diálogo social y que abarca la creación de un registro público de empleadores sancionados por maniobras de fraude laboral y la implementación de un régimen simplificado de pago único para microempresas de entre 3 a 5 empleados. La decisión de que la serie de iniciativas para combatir la informalidad laboral sea incorporado al temario de extraordinarias que se inicia el 1º de febrero fue anticipado por fuentes del Ministerio de Trabajo que se mostraron expectantes con la rápida sanción de las medidas con la que aspiran que sean blanqueados alrededor de un millón de trabajadores no registrados.
El plan fue elaborado por la cartera que encabeza Carlos Tomada, en consulta con referentes empresarios y sindicales que integran la denominada Comisión de Trabajo creada en el marco del diálogo tripartito, y sus principales lineamientos fueron oficializados por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en un encuentro realizado el 23 de diciembre pasado del que participaron representantes de diversas entidades empresarias y las cúpulas de la CGT y la CTA más cercanas a la Casa Rosada.
Uno de los ejes del plan es la creación de un régimen simplificado de pago único para microempresas de entre 3 a 5 empleados, conocido como monotributo laboral. Ese esquema fijará una tarifa única en torno a los $ 1.500 para la firmas que declaren trabajadores con salarios hasta $ 4.500 y un pago único que rondará los $ 2.200 cuando se trate de trabajadores con sueldos de entre $ 4.500 a $ 7.000, según deslizaron voceros que participaron de la elaboración de la iniciativa. El régimen será extensivo también para aquellas pequeñas empresas que ya tienen a su personal registrado y que a partir del nuevo esquema se beneficiarán con una reducción de las actuales cargas y contribuciones laborales que, según algunas estimaciones, rondaría el 25%.
Por otra parte, el paquete incluye la creación de una suerte de veraz laboral, un registro público de empleadores sancionados por maniobras de fraude laboral o empleo no registrado, una iniciativa que generó fuerte polémica con los empresarios, que consideran la propuesta como una caza de brujas que no aporta soluciones de fondo.
El plan se completa con una iniciativa destinada a fortalecer el poder de fiscalización del Ministerio de Trabajo en las provincias y con la ampliación del cuerpo de inspectores laborales.
Fuente: texto publicado por El Cronista (23/1/2014)