Un fallo de la Cámara Federal de Salta de fecha 13 de julio, determinó que los aumentos de las jubilaciones y pensiones por decreto no deben inferiores a los índices establecidos en la nueva ley de alquileres, (L. 27551) que fija un 50% por la inflación calculada por el INDEC y otro 50% por la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE).
En tal sentido el tribunal destacó la insuficiencia de las actualizaciones efectuadas por decreto y el desfasaje de dichos aumentos respecto a los incrementos no alcanzados por la suspensión de movilidad. Asimismo, insistió que el propósito fundamental de la movilidad era sostener el nivel de vida de quienes habían aportado al sistema durante toda su etapa laboral.
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