El director general de Aduana, Guillermo Michel, precisó que se detectó un “primer universo” de operaciones de sobre y subfacturación en el comercio exterior por “alrededor de u$s1.250 millones de valor FOB”, además de irregularidades en las empresas que se sirvieron de medidas cautelares, ya que fueron obtenidas por otras firmas, y así obtener dólares del Banco Central a valor del dólar oficial.
Ya se cursaron unas 11.500 intimaciones a las empresas que podrían haber apelado a estas maniobras para eludir los mecanismos legales de acceso al mercado cambiario.
El período de análisis de las operaciones irregulares que permitieron a las empresas obtener más dólares para operar en el comercio exterior de los que les hubieran correspondido abarcan desde principios del 2021 hasta la actualidad.
Registro de rectificación
El ministro de Economía, Sergio Massa, indicó que “existen más de 13.000 operaciones de importación trianguladas de 722 empresas que compraban productos a un precio, lo pasaban por otro destino y lo traían sobrefacturado a la Argentina. En general, la triangulación se hacía con empresas de no más de un año de antigüedad”.
En ese punto, informó que “se abrirá un registro por 60 días para que las empresas hagan una rectificación“. En caso de que no lo hicieren y se descubran maniobras sospechosas, se realizarán “las denuncias ante la justicia argentina de aquellos que no se presenten a aclarar o rectificar”, y también “ante la unidad de lavado de dinero de los Estados Unidos, ya que se usaron bancos de ese país y por lo tanto la sede del domicilio financiero determina jurisdicción”.
Por su parte, Michel aclaró que “la triangulación en sí no es algo irregular, es común en el comercio exterior que la mercadería venga de un lugar y sea facturado desde otro país” pero precisó que “lo que estamos analizando acá son operaciones de triangulación donde la mercadería viene de un país y la factura de otra jurisdicción, pero sobrefacturada; es decir, a un precio superior a lo que vale la mercadería”.
Michel advirtió que el aumento de la brecha cambiaria genera mayor ganancia (e incentivos para) en este tipo de operaciones, “tanto la sobrefacturación de importaciones para hacerse de dólares en el país al tipo de cambio oficial y luego cambiarlo en el exterior al dólar financiero, como la subfacturación de exportaciones donde se ahueca la base imponible en argentina para dejar los dólares en el exterior”.
Medidas cautelares
La Aduana investiga a las empresas que lograron importar productos tras obtener una medida cautelar que obligó al Gobierno a liberar la mercadería al dólar oficial.
Respecto a las importaciones posibilitadas a través de medidas cautelares, el titular de Aduana sostuvo que “estamos intimando de manera electrónica a todas aquellas empresas que pudieron acceder al mercado de cambios e importaron a través de medidas cautelares, donde nosotros detectamos algún tipo de irregularidad”.
“La Aduana detectó en algunos casos cautelares que obtiene una empresa y luego le cede a una tercera empresa la marca por un periodo muy corto de un mes, para poder utilizar esa cautelar y poder hacerse de esa mercadería”, agregó Michel.
Pedido de documentación
Para investigar, la Aduana obligará a esas empresas a justificar qué hicieron con la mercadería por la que invocaron urgencia para importar con aval judicial.
El oganismo ya advirtió que aplicará la sanción de eliminación del registro de agentes del comercio exterior para que puedan seguir operando a los importadores a los que considere en falta, lo que obligaría al cierre de muchas de esas compañías.
A los importadores se les requerirá documentación relativa a la operación comercial, las transferencias de titularidad realizadas, el detalle de giros de divisas y el destino dado a la mercadería, entre otras cuestiones.
También deberán explicar si el producto se encuentra en stock o si fue vendido; en este último caso, informar el valor de venta en mercado interno y el nivel comercial de los intervinientes.
Una maniobra que tuvo repercusión mediática hace pocas semanas habría consistido en que una empresa obtuvo una medida judicial para poder importar sin Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) y, luego, “alquiló” esa cautelar a otra firma importadora que no tenía una SIMI aprobada para poder ingresar mercadería (carteras fabricadas en China) y conseguir los dólares del BCRA.