Actualmente dentro de la AFIP existe un Programa de Asistencia al Ciudadano. El mismo es atendido por personal especializado en las dependencias de DGI y DGA independientemente del domicilio en el cual se encuentre inscripto el contribuyente y a través del cual se pueden formular reclamos y sugerencias de manera oficial.
Dicho Programa, según lo explica textualmente la AFIP, tiene como objetivo constituir un canal de comunicación rápido, efectivo y confiable con los contribuyentes y público en general, para mejorar la calidad de los servicios prestados, detectando y solucionando los inconvenientes y sugerencias planteadas.
Así las cosas, reconocidos tributaristas, en diálogo con Infobae, opinaron que este programa debería tener un perfil más independiente o que directamente se cree una oficina para defender a los contribuyentes que no dependa de la AFIP. Una especie de defensor del pueblo, pero para temas impositivos, previsionales y aduaneros, tal como existe en otras partes del mundo y así proteger los derechos de quienes pagan sus impuestos.
Desde Errepar, nos comunicamos con la reconocida tributarista, la Dra. Teresa Gómez, quien al ser consultada sobre su opinión respecto de la necesidad de contar con un “defensor del Contribuyente” en nuestro país, argumentó lo siguiente:
“Las Administraciones Tributarias que alientan la tributación espontánea (con escasa intervención fiscal) han implementado legislaciones con ‘fiscalidad garantista’. Dichos ejemplos los observamos en España, Francia, Italia, México, etc. Estos países ensalzan los derechos del contribuyente, aceptando que la fiscalidad garantista es la mejor decisión. Argentina debería prontamente tomar ese camino. La dilación de esta decisión no hace más que incrementar la litigiosidad y limitar la espontaneidad”.
Con relación a la implementación de esta figura, Gómez precisó que “la fórmula no es compleja, solo se trata de incorporar un nuevo capítulo en la ley 11.683 que asegure, tal cual como lo hizo, en su momento, la ley de Defensa del Consumidor 24.240, un marco de garantías en los procedimientos de fiscalización, recaudación, imposición de sanciones, consultas, confidencialidad, responsabilidad de los funcionarios de la administración tributaria y, en definitiva, en todos aquellos puntos que rocen la ‘relación fisco-contribuyente’. En resumen, nuestra propuesta es un Capítulo destinado a plasmar un ‘Estatuto del Contribuyente”.
La reconocida tributarista agregó al respecto que “el marco de garantías se impone para resguardar los derechos y garantías de los ciudadanos contribuyentes, como así también los derechos y deberes del Estado en su función recaudadora y, por ende, la responsabilidad de la Administración Tributaria, de sus funcionarios y empleados a fin de evitar todo atisbo de arbitrariedades”.
Gómez aclara que “va de suyo que la figura del Defensor del Contribuyente está ínsita en el marco garantista que proponemos. Pero advertimos, la conveniencia es que su existencia sea ‘extra muros’ del Organismo Recaudador que corresponda”.
“Libertad de pensamiento, de procedimiento y de decisión son las características que deben componer el perfil del Defensor del Contribuyente. No podemos dilatar esta decisión que alentará, sin duda alguna, la tributación espontánea”, concluyó.