HÉCTOR R. LAGO
DANIELA IRAZABAL
I – INTRODUCCIÓN
Resulta una verdad de Perogrullo que nuestro país tiene una vinculación directa con la actividad agraria, siendo uno de los principales motores de la economía nacional, sin embargo, en muchas ocasiones las políticas agrarias parecen ir contra el sector o en una muestra palmaria de desconocimiento del mismo por parte de nuestros legisladores.
Previo a ingresar al tópico de la presente colaboración, entendemos necesario el desarrollo de algunas cuestiones teóricas para su mejor entendimiento. El profesor Vivanco (1967) enseñaba que “la política agraria es la acción propia del poder público o de los factores de poder, que consiste en la elección de los medios adecuados para influir en la estructura y en la actividad agraria, a fin de alcanzar un ordenamiento satisfactorio de la conducta de quienes participan o se vinculan con ella, con el propósito de lograr el desarrollo económico y el bienestar social de la comunidad” (pág. 63).
Por su parte, con la claridad que lo destaca, el profesor Pastorino (2009) expresa que “una política agraria discutida, consensuada, analizada por el Congreso va a estar plasmada en un cuerpo legal y va a ser, por ende, explícita. No suele ser el caso en que nuestro Estado opera. Muchas veces la política completamente definida está solo en la mente del mandatario o, peor, se va dibujando al andar de acuerdo al momento, las presiones, las oportunidades, etc. No establecer una política clara también es política; seguramente de resultados negativos” (págs. 322/3).
Es evidente que las políticas cambiarias y las tributarias que afecten de manera directa en la actividad agropecuaria tendrán que estar en consonancia con las políticas agrarias para no desestabilizar el sector o ser contraproducente con este. En estos términos mayor prudencia, estudio y responsabilidad tienen aquellas políticas de precio, ya que pueden impactar en los precios de referencia o indicativos, pudiendo llegar a generarle un efecto demoledor a la actividad.
Consideramos que el Programa de Incremento Exportador es una política que impacta en el sector agropecuario, que es perfectible, inconclusa, confusa y se dictó en un total desconocimiento del impacto que iba a tener en la cadena productiva agraria.