Se presentó un proyecto de ley que propone sancionar con reclusión o prisión a las personas que, bajo el pretexto de razones gremiales, impidan o estorben el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial. Además, se establece que quedarán inhabilitados para ejercer su representación gremial por el doble del tiempo de la pena.
¿Qué dice el proyecto?
La iniciativa propone incorporar el art. 168 bis al Código Penal que, de aprobarse, quedaría redactado de la siguiente manera:
“Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años, el que con intimidación y bajo el pretexto de razones gremiales o la obligación de pago de contribuciones de cualquier índole, cause un menoscabo económico e impida, estorbe, entorpezca el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial bloqueando por cualquier medio el libre acceso y salida de personas y vehículos de dichos establecimientos.
Cuanto al agente participe o instigador, sea representante gremial, tendrá además una inhabilitación especial por el doble del tiempo de la pena para ejercer su representación sindical”.
Entre sus fundamentos, los impulsores explican que “la extorsión calificada en razón de los medios empleados y los autores, es la figura que mejor se encuadra a los bloqueos que varios gremios realizan en la actualidad contra empresas y establecimientos industriales, con el objeto de causar un menoscabo económico basados en aparentes razones gremiales”.
Por último, los legisladores enfatizan que “los bloqueos que efectúan algunos gremios no sólo afectan la libre circulación de las personas y los vehículos de dichos establecimientos, sino que además provocan un daño a la propiedad privada”, y explican que “a través de la intimidación, impiden la libre disponibilidad de los bienes del comercio en cuestión, generando importantes pérdidas económicas, poniendo en riesgo la estabilidad laboral de sus empleados y, en ciertos casos, hasta llegando a provocar su cierre definitivo”.