Adelantamos la colaboración de la Dra. Liliana Cardelli, donde expone las adecuaciones que recibió el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción por el Decreto 372/2020, que amplió los alcances y beneficios del programa, y por la Decisión Administrativa (JGM) 591/2020, que realiza una serie de precisiones sobre el acceso a los mismos.
En esta colaboración, el autor analiza el impacto del COVID-19 en los agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos, en lo que respecta a posibles responsabilidades por sanciones administrativas y del Régimen Penal Tributario, intereses resarcitorios y reclamos como pagadores solidarios.
Previo a ello, me parece oportuno, hacer un breve repaso de la normativa relacionada que sirve como antecedente para enmarcar la Resolución que vamos a analizar, a saber: DNU 332/20 (BO 01/04/2020); DNU 347/2020 (BO 06/04/2020) Y DECISIÓN ADMINISTRATIVA 483/2020 (BO 08/04/2020)
Para introducirnos en liquidación de sueldos en tiempos del coronavirus, es necesario conocer lo establecido por las normas publicadas en relación al coronavirus y el impacto en las relaciones laborales del sector privado.
Este programa especial se crea a partir del decreto 332/2020 (BO: 1/4/2020) con la explícita intención de atender la emergencia económica producida por la pandemia.
En el presente trabajo, el autor expone algunos ejercicios prácticos sobre del decreto 14/2020, que dispone la creación de un incremento solidario para todos los trabajadores dependientes del sector privado, el cual se encuentra pendiente de reglamentación por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
