Se reglamentan los requisitos y la forma de solicitar los beneficios que otorga la ley de moratoria ampliada 2020, para los contribuyentes considerados cumplidores.
El Poder Ejecutivo, a través del Decreto 875/2020, establece las nuevas medidas sanitarias hasta el 29 de noviembre.
por la ley nacional de procedimientos administrativos 19549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos, el decreto 1759/1972 – t.o. 2017 y por otros procedimientos especiales que fueran oportunamente suspendidos por el decreto 298/2020 y sus complementarios.
Introducción. Top 5 Criptomonedas más utilizadas. Las criptomonedas y los gobiernos. Algunas definiciones. Organismos nacionales que intervienen en la regulación de las criptomonedas. Características propias de las criptomonedas. Blockchain y contabilidad. ¿Cómo registramos las operaciones con monedas virtuales? Criptomonedas y NIIF. Comentarios finales. Fuentes de consulta.
La AFIP habilitó en el servicio web “Presentaciones Digitales”, la posibilidad de darse de baja del Programa ATP y efectuar la devolución de los montos que percibieron los trabajadores en concepto de “Salario Complementario” del período octubre/2020 y señala cuáles son los requisitos para dar cumplimiento a este trámite, conforme lo previsto en la RG (AFIP) 4719.
La AFIP, a través de la RG (AFIP) 4851 actualiza el procedimiento aplicable en materia de fiscalización de los recursos de la seguridad incorporando avances tecnológicos que apunten a la prevención de factores de riesgo, la mitigación del fraude y la evasión.
La AFIP adecúa la reglamentación de la moratoria ampliada 2020, con motivo de la prórroga dispuesta hasta el 30/11/2020 para realizar la adhesión a la misma.
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El interesado deberá presentar ante la instancia administrativa, contencioso-administrativa o judicial en la que se sustancia la causa, copia del acuse de recibo del acogimiento al presente régimen, junto al detalle de las obligaciones regularizadas.
El Poder Ejecutivo a través del decreto 845/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial exime a los empleadores, mientras estén incorporados en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), de las sanciones previstas por la ley 26940, durante el término de vigencia de la emergencia sanitaria.
