Repaso de las normas dictadas por IGJ para SAS, su situación judicial y el proyecto de ley que suspende su constitución por 180 días
Conocé las 5 preguntas frecuentes que se respondieron desde el equipo de Consultas de Orientación Profesional de Errepar durante la semana que transcurrió del 4 al 8 de enero de 2021.
Nos encontramos en un momento muy particular, donde las nuevas tecnologías han ido creciendo de forma exponencial como resultado del covid, los vehículos que transportan estas nuevas tecnológicas son las llamadas start ups o fintech.
Se dispone que las SAS deben presentar por medios digitales sus estados contables, los que deben estar conformados por el estado de situación patrimonial, el estado de resultados y la memoria, con el informe de auditor que contenga opinión, dentro de los 15 días posteriores a la realización de la reunión del órgano de gobierno que los haya aprobado.
Se establece un mecanismo de coordinación entre la Inspección General de Justicia y el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires a los fines de obtener información sobre la constitución de derechos reales sobre inmuebles, como adquisiciones de dominio y constitución o cesión de hipotecas en las cuales los adquirentes, acreedores o cesionarios, a título pleno o fiduciario, sean sociedades por acciones simplificadas (SAS) inscriptas en IGJ o cualquier otro registro provincial.
Se dispone que las sociedades por acciones simplificadas (SAS) deben presentar, a los efectos de su inscripción en el Registro Público, los poderes otorgados a los representantes del administrador domiciliado en el extranjero.
Se deroga la opción que permite que los documentos constitutivos de sociedades por acciones simplificadas contengan firma electrónica de sus otorgantes, con la posibilidad de que el último de los socios sea el único en utilizar firma digital y cerrar el documento con todas las propiedades y seguridades que brinda la misma.
La IGJ limita el objeto social y fija pautas para la determinación del capital para todas las sociedades incluyendo las SAS
La Inspección General de Justicia establece un sistema simplificado y más económico para la inscripción de asociaciones civiles de primer grado cuyo principal objeto sea la promoción y atención de derechos económicos, sociales y culturales de grupos vulnerables y/o comunidades étnicas, entre otros.